El daño autónomo de “perdida de oportunidad” derivado de situaciones de mora judicial o irregular funcionamiento de la administración de justicia, con ocasión de pandemia y post-pandemia (2023)
El derecho a la administración de justicia, constituye un presupuesto indispensable para la materialización de otros derechos fundamentales, de ahí que la ley 270 de 1996, señale a la justicia como un valor superior necesario en el marco del Estado Social y Democrático del Derecho y para lograr la convivencia pacífica entre los Colombianos, atribuyéndole responsabilidad al Estado, por la actividad de los funcionarios y empleados judiciales ante circunstancias como el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69), diferente al error jurisdiccional (art. 66) y privación injusta de la libertad (art. 68) y por lo que quien haya sufrido un daño antijurídico a consecuencia de la función jurisdiccional, tiene derecho a obtener la consiguiente reparación, máxime en eventos en los que se está en una situación potencialmente apta para pretender la consecución de un resultado esperado y existe una expectativa alta sobre la prosperidad de las pretensiones invocadas, pero que ante acciones u omisiones, tanto de los funcionarios judiciales, como de los empleados de los despachos, pueden desencadenar en consecuencias jurídicas adversas a los intereses de la parte.