¿La compra pública verde debería ser de carácter obligatorio en las entidades públicas?

El presente artículo es una reflexión acerca de la Compra Publica Verde y la importancia que ha tomado como mecanismo eficaz de protección del medio ambiente. De manera tal, que indicaremos como problema jurídico, si, la ¿Compra Publica Verde debería ser de carácter obligatorio en las Entidades Públ...

Full description

Autores:
Bernal Caneva, Omar Augusto
Mejía Mejía, Julian Camilo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/2136
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11634/2136
Palabra clave:
Green public procurement
Environmental protection
Goods and / or services
Public procurement
Climate change
Sustainable development
Ecosystem
Compra pública verde
Desarrollo sostenible
Medio ambiente
Contratación pública
Cambio climático
Ecosistema
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Description
Summary:El presente artículo es una reflexión acerca de la Compra Publica Verde y la importancia que ha tomado como mecanismo eficaz de protección del medio ambiente. De manera tal, que indicaremos como problema jurídico, si, la ¿Compra Publica Verde debería ser de carácter obligatorio en las Entidades Públicas de nuestro País?, de tal forma que los objetivos de la investigación recaerán, en establecer la naturaleza jurídica de la compra publica verde; identificar los antecedentes normativos de la misma, a nivel internacional y local y finalizaremos estableciendo, porque la compra publica verde debería ser obligatoria en nuestro País. Así mismo, analizaremos el aporte significativo que las entidades públicas pueden proporcionar a la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, mediante la adquisición de bienes y/o servicios que sean amigables con el medio ambiente, y de esta forma, lograr un verdadero desarrollo sostenible en nuestro País, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en la Constitución Política de 1991.