El avasallamiento de bien inmueble dentro de la Ley de seguridad ciudadana.
La presente investigación surge luego del debate nacional que generó la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana Ley 2197 de 2022, debate acerca de los alcances punitivos que llevaron consigo el aumento de las penas para algunos delitos relacionados con la protesta social y la creación de nuevos...
- Autores:
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Cocunubo Olivos, Diego Javier
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
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Derecho Penal
Avasallamiento a bien inmueble Ley de Seguridad Ciudadana
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La presente investigación surge luego del debate nacional que generó la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana Ley 2197 de 2022, debate acerca de los alcances punitivos que llevaron consigo el aumento de las penas para algunos delitos relacionados con la protesta social y la creación de nuevos tipos penales en la Ley 599 de 2000 así como modificaciones a la Ley 906 de 2004. Dicha Ley de Seguridad Ciudadana en Colombia surgió de la necesidad para combatir la criminalidad y el delito en el país, buscando dar herramientas a las autoridades para prevenir y enfrentar la inseguridad, proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad y el bienestar de la población; sin embargo, esta ley ha sido criticada por algunos por considerar que limita la libertad de expresión y de manifestación pacífica, y por otros al no ser suficientemente efectiva en la lucha contra la delincuencia. Especialmente se ha generado una diatriba de posiciones respecto a la nueva conducta típica establecida en el artículo 264A denominado Avasallamiento a Bien Inmueble, el cual castiga con penas privativas de la libertad a aquellas personas que de forma violenta o pacifica incursionen temporal o continua un bien inmueble, situación que derivó en diferentes demandas de inconstitucionalidad ante el máximo órgano de cierre, demandas que sustentan en gran mayoría la flagrante violación a derechos fundamentales y por ende a la función de la propiedad instituida en la Constitución Política de Colombia. La presente investigación de naturaleza básico jurídica se fundamenta en la interpretación de la normatividad actual, tomando como punto de referencia la Constitución Nacional como fuente principal del derecho, El código Penal Ley 599 de 2000 como instrumento de control social y los postulados de la Corte Constitucional respecto a la Función Social de la Propiedad en Colombia; lo anterior dentro de un enfoque cualitativo, debido a que profundiza su estudio en un marco referencial teórico y reflexivo de la normatividad penal y la autodeterminación de las comunidades. |
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Fernando Vallejo Velásquez. (2013). pag 647. INDEPAZ. (2022). Obtenido de https://indepaz.org.co/la-ley-de-seguridad-ciudadana-en-contra-de-las-garantias-ciudadanas/ Asociación Defender la Libertad. Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Ciudadana. (2022). Obtenido de https://defenderlalibertad.com/demanda-de-ley-de-seguridad-ciudadana/ Comisión Colombiana de Juristas. Demanda Ley de Seguridad Ciudadana. (2022). Obtenido de https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=704 Ministerio de Justicia. Concepto MJD-DEF22-0000139. (2022) pag 2,36,37,38. Corte Constitucional. Auto 751 de 2022. (2022). Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/autos/2022/A751-22.htm#:~:text=Referencia%3A%20Recurso%20de%20s%C3%BAplica%20contra,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones%E2%80%9D. Secretaria del Senado. Constitución Política de Colombia 1991. 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Dicha Ley de Seguridad Ciudadana en Colombia surgió de la necesidad para combatir la criminalidad y el delito en el país, buscando dar herramientas a las autoridades para prevenir y enfrentar la inseguridad, proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad y el bienestar de la población; sin embargo, esta ley ha sido criticada por algunos por considerar que limita la libertad de expresión y de manifestación pacífica, y por otros al no ser suficientemente efectiva en la lucha contra la delincuencia. Especialmente se ha generado una diatriba de posiciones respecto a la nueva conducta típica establecida en el artículo 264A denominado Avasallamiento a Bien Inmueble, el cual castiga con penas privativas de la libertad a aquellas personas que de forma violenta o pacifica incursionen temporal o continua un bien inmueble, situación que derivó en diferentes demandas de inconstitucionalidad ante el máximo órgano de cierre, demandas que sustentan en gran mayoría la flagrante violación a derechos fundamentales y por ende a la función de la propiedad instituida en la Constitución Política de Colombia. La presente investigación de naturaleza básico jurídica se fundamenta en la interpretación de la normatividad actual, tomando como punto de referencia la Constitución Nacional como fuente principal del derecho, El código Penal Ley 599 de 2000 como instrumento de control social y los postulados de la Corte Constitucional respecto a la Función Social de la Propiedad en Colombia; lo anterior dentro de un enfoque cualitativo, debido a que profundiza su estudio en un marco referencial teórico y reflexivo de la normatividad penal y la autodeterminación de las comunidades.The present investigation arises after the national debate that generated the issuance of the Citizen Security Law Law 2197 of 2022, a debate about the punitive scope that led to the increase in penalties for some crimes related to social protest and the creation of new criminal types in Law 599 of 2000 as well as modifications to Law 906 of 2004. Said Citizen Security Law in Colombia arose from the need to combat crime and crime in the country, seeking to provide tools to the authorities to prevent and deal with insecurity, protect human rights and guarantee the security and well-being of the population; However, this law has been criticized by some for considering that it limits freedom of expression and peaceful demonstration, and by others for not being sufficiently effective in the fight against crime. Especially, a diatribe of positions has been generated regarding the new typical conduct established in article 264A called Subjugation of Real Estate, which punishes with custodial sentences those people who violently or peacefully temporarily or continuously incur into real estate. , a situation that led to different unconstitutionality claims before the highest closing body, claims that support the vast majority of the flagrant violation of fundamental rights and therefore the function of property established in the Political Constitution of Colombia. The present investigation of a basic legal nature is based on the interpretation of current regulations, taking as a point of reference the National Constitution as the main source of law, the Penal Code Law 599 of 2000 as an instrument of social control and the postulates of the Constitutional Court. regarding the Social Function of Property in Colombia; the foregoing within a qualitative approach, because it deepens its study in a theoretical and reflective referential framework of criminal regulations and the self-determination of communities.Especialista en Derecho Penal y Procesal PenalEspecializaciónapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásEspecialización Derecho Penal y Procesal PenalFacultad de DerechoCC0 1.0 Universalhttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2El avasallamiento de bien inmueble dentro de la Ley de seguridad ciudadana.Encroachment on real estate Citizen Security LawDerecho PenalAvasallamiento a bien inmueble Ley de Seguridad CiudadanaTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA TunjaSecretaria del Senado. Ley 599 de 2000 (2022). Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr010.html#264AMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2023). Obtenido de https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/CAPITULO-4-Procedimiento-para-la-Adquisicion-de-Predios-y-Mejoras.aspxMinisterio del Interior. Ley 21 de 1999. (2023). Obtenido de https://www.mininterior.gov.co/normativas/ley-21-de-1991/Función Publica, Ley 2197 de 2022. (2023). Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=176406Sistema Único de Información Normativa, Resolución No. 04155 FGN por medio de la cual se reglamenta la aplicación del principio de oportunidad y se deroga la resolución 2370 de 2016. Obtenido de https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30034013#:~:text=Esta%20resoluci%C3%B3n%20tiene%20por%20objeto,la%20Naci%C3%B3n%20en%20esta%20materia.Manual de Derecho Penal General. Fernando Vallejo Velásquez. 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