La tensión contemporánea entre la articulación de mecanismos de democracia participativa y el desarrollo económico a partir de las actividades minero-energéticas (2015)
Bajo el nuevo paradigma de democracia participativa plasmado en la Constitución de 1991, varias comunidades del país han pretendido hacer uso del mecanismo de la consulta popular para manifestarse en contra de la realización en sus territorios de actividades que tengan por objeto la explotación del subsuelo, por temor a sus impactos sociales y ambientales. Dichas expresiones se enfrentan con el avance de la locomotora minero-energética que ha sido instituida como uno de los motores de desarrollo económico del país por el gobierno de Juan Manuel Santos. En este contexto, una posible salida a la controversia no debe desconocer que la extracción de recursos del subsuelo es una actividad económica protegida por el orden jurídico, pero tampoco olvidar que el avance de la misma no puede darse sin la existencia de un diálogo social con las comunidades, en aras de salvaguardar su derecho fundamental a la participación política.