El derecho de las comunidades a ser consultadas en proyectos que afecten sus territorios: análisis del conflicto entre el derecho fundamental a la consulta previa y la certificación de no presencia de comunidades
La realización de proyectos de diversa índole cuyos fines son legítimos, como la construcción de infraestructura o la actividad extractiva, se ha visto enfrentada al derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas. Especialmente en circunstancias donde el ejecutor de un proyect...
- Autores:
-
Gamboa González, Jairo David
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/20188
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/20188
- Palabra clave:
- Prior consultancy
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Direct disturbance
Soberanía
Consulta popular
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Consulta previa Certificación de no presencia Convenio 169 OIT Afectación directa |
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La realización de proyectos de diversa índole cuyos fines son legítimos, como la construcción de infraestructura o la actividad extractiva, se ha visto enfrentada al derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas. Especialmente en circunstancias donde el ejecutor de un proyecto ha obtenido la licencia ambiental proferida por la correspondiente autoridad con base en la certificación de la no presencia de comunidades en dichos territorios, expedida por el Ministerio de Interior. El escenario expuesto genera una tensión de derechos, que las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional han decantado a favor del derecho fundamental de consulta previa, con base en los criterios de afectación directa a una comunidad indígena. Esta situación ha generado exigencias para el desarrollo de proyectos que, aun cuando persiguen un propósito constitucionalmente válido y se ejecutan en el marco del principio de la confianza legítima, resultan paralizados o eventualmente inconclusos en virtud de la prevalencia de intereses superiores. Para mostrar el balance jurisprudencial en la materia se seguirá la técnica de análisis dinámico de precedentes. |
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Para mostrar el balance jurisprudencial en la materia se seguirá la técnica de análisis dinámico de precedentes.The development of projects of diverse nature with legitimate ends, such as infrastructure construction or mining activities, has been confronted by the fundamental right to prior consultation of ethnic groups, especially when the project executor has procured the corresponding environmental license before the competent authority based on the certification that there are no such communities in the territories in which the project is to be executed, certificate which is issued by Colombia’s Internal Affairs Department (Ministerio del Interior). The aforementioned scenario generates a clash of rights, in which the rules set forth by the Constitutional Tribunal of Colombia (Corte Constitucional) have leaned towards the fundamental right to prior consultation, based on the direct disturbance of ethnic groups criteria. This situation has generated all sorts demands in order to develop projects which, even though they pursue a constitutionally legitimate end and are carried out under the legitimate trust principle, are stalled and eventually remain unexecuted due to the prevalence of higher interests. To show the judiciary precedent balance in the subject at hand, the investigator shall proceed with the dynamical precedent analysis.Magister en Derechohttp://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacionMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría DerechoFacultad de DerechoAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2El derecho de las comunidades a ser consultadas en proyectos que afecten sus territorios: análisis del conflicto entre el derecho fundamental a la consulta previa y la certificación de no presencia de comunidadesmaster thesisTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisPrior consultancyNo presence certificateILO Convention 169Direct disturbanceSoberaníaConsulta popularParticipación comunitariaJurisprudencia - AnálisisComunidades indígenasConsulta previaCertificación de no presenciaConvenio 169 OITAfectación directaCRAI-USTA BucaramangaConstitución Política de Colombia. 4 de julio de 1991Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Ginebra, Suiza 27 de junio de 1989Corte Constitucional. Sentencia SU-123 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes; 15 de noviembre de 2018Corte Constitucional. Sentencia SU-217 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; 18 de abril de 2017Corte Constitucional. Sentencia SU-383 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis; 13 de mayo de 2003Corte Constitucional. Sentencia T-294 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; 22 de mayo de 2014Corte Constitucional. Sentencia T-298 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; 8 de mayo de 2017Corte Constitucional. Sentencia T-359 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos; 12 de junio de 2015Corte Constitucional. Sentencia T-436 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; 12 de agosto de 2016Corte Constitucional. Sentencia T-547 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 1 julio de 2010Corte Constitucional. Sentencia T-657 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa; 23 de septiembre de 2013Corte Constitucional. Sentencia T-693 de 2011. M.P. 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Diario Oficial No. 48.158 de 11 de agosto de 2011Directiva Presidencial 10 de 2013. 7 de noviembre de 2013Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 4 de marzo de 1991. Diario Oficial No. 39.720 de marzo 6 de 1991Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 22 de diciembre de 1993. 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