La vigilancia y control contractual jurídicas y políticas

La presente investigación nace de la necesidad de determinar la razón de la baja eficiencia administrativa del estado colombiano respecto de la ejecución de recursos públicos y el poco desarrollo del objeto misional de cada Entidad. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó el 21 de febrero de 2016 una calificación para determinar cuáles son las gobernaciones, municipios y otras entidades ejecutoras del país que le dan un mejor manejo a los recursos públicos. Para medir y valorar la gestión de las entidades ejecutoras, el DNP aplicó los siguientes criterios de medición: 1) Transparencia, 2) Eficacia, 3) Eficiencia y 4) Medidas de Control. El índice se calculó para 1.220 entidades ejecutoras, entre municipios (1.045), departamentos (32), universidades (21) y corporaciones autónomas regionales (12), de 8.137 proyectos por un total de $26,8 billones, con corte a 30 de septiembre de 2015. En el ranking departamental, que mide la ejecución de las gobernaciones (donde se ejecutan 1.718 proyectos con una inversión total de $12,4 billones), se destacaron tres gobernaciones como sobresalientes: Antioquia, Guaviare y Caldas. Por otra parte, se distinguieron 14 gobernaciones con un cumplimiento medio (encabezadas por Vichada y Amazonas), nueve con un cumplimiento bajo (encabezadas por Córdoba y Cundinamarca), y seis que se detectaron en estado crítico: Sucre, Caquetá, Chocó, Putumayo, San Andrés y Santander. Así las cosas, el Director del Departamento Nacional de Planeación realizó un llamado “a gobernadores y alcaldes para que con esta medición identifiquen de forma preventiva situaciones que afectan la gestión de los proyectos, con el propósito de tomar las medidas para evitarlas o mitigarlas, y de esta forma mejorar las prácticas que conlleven al uso eficaz y eficiente de los recursos” (Planeación, 2016) Sin embargo, ¿cuáles son estas medidas que pueden evitar o mitigar la mala ejecución de los recursos de las entidades públicas, si las mismas entidades tienen deficiencia en recursos físicos y de personal que no les permiten realizar una correcta vigilancia de la ejecución? Atendiendo a dicha investigación, a partir de la cual solo se realizó un llamado de atención a los gobernadores y alcaldes, se considera necesario determinar qué es lo que lleva a una mala ejecución de los contratos y a una deficiencia en el desarrollo de la misión estatal y estudiar la figura de la tercerización de la supervisión es una solución efectiva para el incremento de la eficiencia administrativa. El objetivo principal o general de la presente investigación es determinar si la tercerización de la supervisión de contratos estatales es un instrumento idóneo para generar eficiencia administrativa. Para concluir si es o no el instrumento idóneo, es necesario estudiar el desarrollo de esta figura desde dos posiciones existentes en manejo estatal de los contratos: (i) la teoría de la gobernanza del estado en la vigilancia de los contratos estatales como función propia de la administración, y (ii) la tercerización de funciones estatales mediante la suscripción de contratos como un mecanismo que permite el cumplimiento de fines estatales. Por lo cual el presente trabajo se centra en el control y vigilancia propio de la entidad sobre la ejecución del contrato estatal, aclarando que existen otros medios de control como el que ejercen órganos estatales como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, oficinas de Control Interno de las entidades y el mismo control por parte de los ciudadanos. El tipo de vigilancia y control que estudiaremos es el que realiza el contratante (Entidad estatal) con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de la suscripción del contrato estatal, de igual forma en el presente artículo se estudia el rol de estado en la contratación estatal, el desarrollo histórico que ha tenido la figura de la vigilancia y control de los contratos estatales como herramienta para verificar el cumplimiento de los fines estatales. Adicionalmente se estudia el control y vigilancia como ejercicio de función pública a cargo de las entidades estatales y el rol del contratista o funcionario público en las actividades de control y vigilancia (Supervisor e interventor) con el fin de determinar la posibilidad que tiene el estado de contar con el apoyo de particulares para el cumplimiento de esa función de vigilancia y control diferentes a la que ejerce el interventor entendido como ese particular con conocimiento especializado.

• Autores: Chavarro Marín, Juan Camilo
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Universidad Santo Tomás
• Repositorio: Repositorio Institucional USTA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.usta.edu.co:11634/27756
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11634/27756
• Palabra clave: Surveillance; Supervision; Auditing; Principle of Responsibility; Public Function; Jurisprudencia; Vigilancia legislativa; Administración pública; Vigilancia; Supervisión; Interventoría; Principio de Responsabilidad
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• License: CC0 1.0 Universal