La aplicabilidad de la ley Zidres constituye un despojo legal al derecho constitucional de campesinos ocupantes y poseedores de buena fe de terrenos baldíos para acceder a la propiedad de la tierra
De aquí en adelante trataremos en todo el recorrido de este artículo, una problemática naciente que se suma a las innumerables que han afectado a los campesinos colombianos en los últimos 210 años de historia. El Gobierno del presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON (2014-2018) por iniciativa del Ejec...
- Autores:
-
Velasquez Moreno, Jhon Edison
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/28146
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/28146
- Palabra clave:
- Zidres law
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De aquí en adelante trataremos en todo el recorrido de este artículo, una problemática naciente que se suma a las innumerables que han afectado a los campesinos colombianos en los últimos 210 años de historia. El Gobierno del presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON (2014-2018) por iniciativa del Ejecutivo el Congreso de la República aprobó la Ley 1776 del 29 de enero del 2016, conocida como la Ley ZIDRES. En tal mandato legal, el Gobierno se propone generar desarrollo e inversión en infraestructura vial terciaría, modernización tecnológica en las zonas apartadas del país, mejorar los índices de empleo y disminuir la brecha de pobreza y desigualdad para los campesinos colombianos. Quizá después de muchas promesas incumplidas por los mandatarios nacionales de turno, en recalcar una y otra vez en momentos de campaña la necesidad imperiosa de una REFORMA AGRARIA estructural que tenga como fin el trabajador agrario y; un medio de acceso progresivo a la tierra como instrumento de dignificación humana y desarrollo sostenible. Pues por desgracia, la Ley ZIDRES tampoco significa la realización de ese sueño tan anhelado de miles de familias campesinas que ven y sienten el abandono estatal agravado por la indiferencia de la sociedad urbana de Colombia. Vale destacar, que se hace dispendioso para la conclusión final del artículo, identificar las disposiciones de la ley 1776 del 2016 que a criterio de quien esto escribe vulnera la garantía constitucional de los campesinos para acceder de manera progresiva a la propiedad privada de la tierra (artículo 58 y 64 de CP). Para tal efecto se toman los artículos 13 con su parágrafo 1° y parágrafo 2°, artículo 14 y artículo 16 de la ley ZIDRES. Con posterioridad se hace un análisis conceptual y jurisprudencial de la figura contractual establecidas en el marco jurídico tales como: contrato de Concesión, Arrendamiento y real de superficie, el sustento legal y los reproches de constitucionalidad. De modo que, para entregar al lector una visión más cercana a la realidad jurídica aplicable en nuestro país, por analogía y remisión legal se acude al Código Civil y Comercial para entender los elementos esenciales del contrato de arrendamiento y real de superficie. Asimismo, se trae a colación la Ley 80 de 1993 y otras disposiciones como marco jurídico del contrato de concesión en su naturaleza pública y su variación en cuanto al plazo de ejecución de acuerdo a la materia que regula bien sea minera, portuaria, telecomunicaciones, vial…etc., advirtiendo que sea hace solo con fines comparativos. Se continúa con la posición adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para establecer la exequibilidad en lo relacionado con las prórrogas automáticas, sucesivas e indeterminadas en los contratos estatales especialmente los contratos de concesión. Una vez consignado en detalle el marco legal y la jurisprudencia pertinente a la Ley ZIDRES, el contrato de arrendamiento, concesión y real de superficie se procederá a sentar un lineamiento diáfano y objetivo sobre el resultado de la investigación, explicando los cimientos que soportan la exequibilidad de la ley 1776 del 2016 a juicio del alto tribunal de constitucionalidad. |
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El Gobierno del presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON (2014-2018) por iniciativa del Ejecutivo el Congreso de la República aprobó la Ley 1776 del 29 de enero del 2016, conocida como la Ley ZIDRES. En tal mandato legal, el Gobierno se propone generar desarrollo e inversión en infraestructura vial terciaría, modernización tecnológica en las zonas apartadas del país, mejorar los índices de empleo y disminuir la brecha de pobreza y desigualdad para los campesinos colombianos. Quizá después de muchas promesas incumplidas por los mandatarios nacionales de turno, en recalcar una y otra vez en momentos de campaña la necesidad imperiosa de una REFORMA AGRARIA estructural que tenga como fin el trabajador agrario y; un medio de acceso progresivo a la tierra como instrumento de dignificación humana y desarrollo sostenible. Pues por desgracia, la Ley ZIDRES tampoco significa la realización de ese sueño tan anhelado de miles de familias campesinas que ven y sienten el abandono estatal agravado por la indiferencia de la sociedad urbana de Colombia. Vale destacar, que se hace dispendioso para la conclusión final del artículo, identificar las disposiciones de la ley 1776 del 2016 que a criterio de quien esto escribe vulnera la garantía constitucional de los campesinos para acceder de manera progresiva a la propiedad privada de la tierra (artículo 58 y 64 de CP). Para tal efecto se toman los artículos 13 con su parágrafo 1° y parágrafo 2°, artículo 14 y artículo 16 de la ley ZIDRES. Con posterioridad se hace un análisis conceptual y jurisprudencial de la figura contractual establecidas en el marco jurídico tales como: contrato de Concesión, Arrendamiento y real de superficie, el sustento legal y los reproches de constitucionalidad. De modo que, para entregar al lector una visión más cercana a la realidad jurídica aplicable en nuestro país, por analogía y remisión legal se acude al Código Civil y Comercial para entender los elementos esenciales del contrato de arrendamiento y real de superficie. Asimismo, se trae a colación la Ley 80 de 1993 y otras disposiciones como marco jurídico del contrato de concesión en su naturaleza pública y su variación en cuanto al plazo de ejecución de acuerdo a la materia que regula bien sea minera, portuaria, telecomunicaciones, vial…etc., advirtiendo que sea hace solo con fines comparativos. Se continúa con la posición adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para establecer la exequibilidad en lo relacionado con las prórrogas automáticas, sucesivas e indeterminadas en los contratos estatales especialmente los contratos de concesión. Una vez consignado en detalle el marco legal y la jurisprudencia pertinente a la Ley ZIDRES, el contrato de arrendamiento, concesión y real de superficie se procederá a sentar un lineamiento diáfano y objetivo sobre el resultado de la investigación, explicando los cimientos que soportan la exequibilidad de la ley 1776 del 2016 a juicio del alto tribunal de constitucionalidad.From now on, throughout this article, we will deal with the emerging problem which joins innumerable ones that have affected Colombian peasant farmers in the last 210 years of history. The Government of President JUAN MANUEL SANTOS CALDERON (2014-2018) on the initiative of the Executive, the Congress of the Republic approved Law 1776 of January 29, 2016, known as the ZIDRES Law. In the mentioned statute, the Government intends to generate development and investment in tertiary road infrastructure, technological modernization in remote areas of the country, improve employment rates and reduce the poverty and inequality gap for Colombian farmers. Perhaps after many promises not fulfilled by the national presidents on duty, who during campaign reiterate over and over the urgent need for a structural LAND REFORM; whose main aim is the agrarian worker and a means of progressive access to land as an instrument of human dignity and sustainable development. Unfortunately, the ZIDRES Law is not meant to carry out that long-awaited dream of thousands of peasant families, who see and feel the governmental abandonment aggravated by the indifference of the urban society of Colombia. It should be pointed out that it has been complex for the final conclusion of the article identify the provisions of law 1776 of 2016 because who wrote it violates the constitutional guarantee of the peasants to have access to private land ownership (articles 58 and 64 of CP). For this purpose, articles 13 are taken with their paragraph 1 and paragraph 2, article 14 and article 16 of the ZIDRES law. Subsequently, a conceptual and jurisprudential analysis of the contractual figure of the Concession, Lease, and surface area contract, the legal support and the constitutional reproaches are made. So, to provide the reader with a closer view of the legal reality applicable in our country, by analogy and legal reference, the Civil and Commercial Code is used to understand the essential elements of the lease and real surface contract. In the same way, Law 80 of 1993 is brought up and other provisions such as the legal framework of the concession contract and its variation in terms, the ones that concern the term of execution of the agreement to the matter that is mining, port, telecommunications, road ... etc. warning that it is only done for comparative purposes. It continues with the position adopted by the Constitutional Court and the Council of State to establish exequibility in relation to automatic, successive, and indefinite extensions in specific contracts including concession contracts. Once the legal framework and jurisprudence relevant to the ZIDRES Law have been detailed, the lease, the concession, and the surface area will proceed to an open and objective guideline agreement on the result of the investigation, explaining the foundations that they support the exequibility of law 1776 of 2016 in the opinion of the high constitutional court.Especialista en Derecho Administrativohttp://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacionEspecializaciónapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásFacultad de DerechoFacultad de DerechoCC0 1.0 Universalhttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2La aplicabilidad de la ley Zidres constituye un despojo legal al derecho constitucional de campesinos ocupantes y poseedores de buena fe de terrenos baldíos para acceder a la propiedad de la tierrabachelor thesisTesis de especializacióninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisZidres lawConcession ContractLease ContractReal Surface ContractExequibilityAutomatic State ExtensionsContratosContrato de arrendamientoTenencia de la tierra - LegislaciónDerecho administrativoTesis y disertaciones académicasLey ZidresContrato de ConcesiónContrato de arrendamientoContrato real de superficieExequibilidadProrrogas automáticas estatalesCRAI-USTA VillavicencioCardona, A.P. & Latam, M. (2018). Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca. Semana Sostenible: Obtenido de: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/concentracion-de-la-tierra-encolombia-el-1-por-ciento-de-las-fincas-mas-grandes-ocupan-el-81-por-ciento-dela-tierra/40882Caycedo, G. C. (1976). Colombia Amarga. Bogotá. Valencia editores.Corte Suprema de Justicia. Sala de casación Civil-Agraria. (28, octubre de 1958). Accesión, 2199-2200. Bogotá.Corte Suprema de Justicia. Sala de casación Civil-Agraria. (14, octubre de 1987). Accesión, 240790. Bogotá. Obtenido de http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.x.htmlCorte Constitucional de Colombia. Sentencia C-077. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, 08, febrero de 2017). Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-077-17.htmCorte Constitucional de Colombia. Sentencia C-028. (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, 02, mayo de 2018). Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-028-18.htmCorte Constitucional de Colombia. Sentencia C-0068. (M.P. Mauricio González Cuervo, 10, febrero de 2009). 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