La aplicabilidad de la ley Zidres constituye un despojo legal al derecho constitucional de campesinos ocupantes y poseedores de buena fe de terrenos baldíos para acceder a la propiedad de la tierra

De aquí en adelante trataremos en todo el recorrido de este artículo, una problemática naciente que se suma a las innumerables que han afectado a los campesinos colombianos en los últimos 210 años de historia. El Gobierno del presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON (2014-2018) por iniciativa del Ejecutivo el Congreso de la República aprobó la Ley 1776 del 29 de enero del 2016, conocida como la Ley ZIDRES. En tal mandato legal, el Gobierno se propone generar desarrollo e inversión en infraestructura vial terciaría, modernización tecnológica en las zonas apartadas del país, mejorar los índices de empleo y disminuir la brecha de pobreza y desigualdad para los campesinos colombianos. Quizá después de muchas promesas incumplidas por los mandatarios nacionales de turno, en recalcar una y otra vez en momentos de campaña la necesidad imperiosa de una REFORMA AGRARIA estructural que tenga como fin el trabajador agrario y; un medio de acceso progresivo a la tierra como instrumento de dignificación humana y desarrollo sostenible. Pues por desgracia, la Ley ZIDRES tampoco significa la realización de ese sueño tan anhelado de miles de familias campesinas que ven y sienten el abandono estatal agravado por la indiferencia de la sociedad urbana de Colombia. Vale destacar, que se hace dispendioso para la conclusión final del artículo, identificar las disposiciones de la ley 1776 del 2016 que a criterio de quien esto escribe vulnera la garantía constitucional de los campesinos para acceder de manera progresiva a la propiedad privada de la tierra (artículo 58 y 64 de CP). Para tal efecto se toman los artículos 13 con su parágrafo 1° y parágrafo 2°, artículo 14 y artículo 16 de la ley ZIDRES. Con posterioridad se hace un análisis conceptual y jurisprudencial de la figura contractual establecidas en el marco jurídico tales como: contrato de Concesión, Arrendamiento y real de superficie, el sustento legal y los reproches de constitucionalidad. De modo que, para entregar al lector una visión más cercana a la realidad jurídica aplicable en nuestro país, por analogía y remisión legal se acude al Código Civil y Comercial para entender los elementos esenciales del contrato de arrendamiento y real de superficie. Asimismo, se trae a colación la Ley 80 de 1993 y otras disposiciones como marco jurídico del contrato de concesión en su naturaleza pública y su variación en cuanto al plazo de ejecución de acuerdo a la materia que regula bien sea minera, portuaria, telecomunicaciones, vial…etc., advirtiendo que sea hace solo con fines comparativos. Se continúa con la posición adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para establecer la exequibilidad en lo relacionado con las prórrogas automáticas, sucesivas e indeterminadas en los contratos estatales especialmente los contratos de concesión. Una vez consignado en detalle el marco legal y la jurisprudencia pertinente a la Ley ZIDRES, el contrato de arrendamiento, concesión y real de superficie se procederá a sentar un lineamiento diáfano y objetivo sobre el resultado de la investigación, explicando los cimientos que soportan la exequibilidad de la ley 1776 del 2016 a juicio del alto tribunal de constitucionalidad.

• Autores: Velasquez Moreno, Jhon Edison
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Universidad Santo Tomás
• Repositorio: Repositorio Institucional USTA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.usta.edu.co:11634/28146
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11634/28146
• Palabra clave: Zidres law; Concession Contract; Lease Contract; Real Surface Contract; Exequibility; Automatic State Extensions; Contratos; Contrato de arrendamiento; Tenencia de la tierra - Legislación; Derecho administrativo; Tesis y disertaciones académicas; Ley Zidres; Contrato de Concesión; Contrato de arrendamiento; Contrato real de superficie; Exequibilidad; Prorrogas automáticas estatales
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