Desplazamiento forzado ¿un estado de cosas inconstitucional permanente en Colombia? (2019)
Colombia es un Estado social de derecho con más de 40 millones de habitantes que en diferentes escenarios, han sido víctimas de desplazamientos forzados, motivo por el cual en el 2004 la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en esta materia. En este sentido, a finales del 2016 se registró que 13,1 millones de habitantes se encontraban por debajo de la línea de pobreza, siendo el conflicto armado interno, una de las principales problemáticas; según datos del Registro Nacional de Información (RNI), a corte del 01 de enero de 2019, 7.476.056 de 9.398.713 víctimas, sufrieron un Desplazamiento Forzado. El reconocimiento de la problemática del desplazamiento forzado como un estado de cosas inconstitucional, generó que las autoridades nacionales y territoriales encargadas de atender a la población desplazada, ajustaran sus actuaciones de tal manera que se lograra la concordancia entre los compromisos adquiridos para cumplir los mandatos constitucionales y legales a través de la asignación de los recursos necesarios y la implementación de políticas públicas y estrategias que permitan asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados, sin embargo, las acciones implementadas por el Estado en esta materia, parecen no ser suficientes, lo que trae como consecuencia que las víctimas de desplazamiento forzado acudan al juez de tutela en búsqueda de la protección de sus derechos fundamentales, dejando a un lado los mecanismos diseñados por las ramas ejecutiva y legislativa para su atención, asistencia y reparación integral.