La desnaturalización de la perdida de investidura en Colombia a partir de la Sentencia SU-424 de 2016
Con miras a preservar al Congreso de la República en el puesto que la democracia reclama, se consideró necesario reglamentar el tema desde la propia Constitución imponiendo un régimen especial, que no podría calificarse de excesivo ni desproporcionado, ya que el derecho a representar al Pueblo no es...
- Autores:
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Cáceres Rojas, Pablo Principe
Bautista Delgado, Yisel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
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Con miras a preservar al Congreso de la República en el puesto que la democracia reclama, se consideró necesario reglamentar el tema desde la propia Constitución imponiendo un régimen especial, que no podría calificarse de excesivo ni desproporcionado, ya que el derecho a representar al Pueblo no es absoluto y, no lo es, precisamente, porque en su ejercicio están comprometidos los intereses supremos del Estado, entre ellos, la realización de los preceptos constitucionales y la defensa de los derechos fundamentales, los cuales han resultado afectados tanto en el pasado, como hasta el día de hoy por la tendencia en aumento de los malos hábitos parlamentarios, actos de corrupción, conductas des obligantes con el interés común y demás, que condujeron indefectiblemente a la creación de una herramienta clave, ejemplarizante y única que tuviera la virtualidad de disuadir y reprender este tipo de conductas en pro de asegurar la debida realización de los preceptos constitucionales, como objetivo general se quiere demostrar que la Corte Constitucional alteró la naturaleza del juicio de pérdida de investidura en Colombia, a partir de la sentencia SU-424 de 2016 al introducir el elemento subjetivo de la culpabilidad y contrariar la voluntad del constituyente primario que había quedado plasmada en un mandato expreso constitucional. |
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Magistrado Ponente. Isaza, G. (2014). El derecho al agua y el mínimo vital en el marco del servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Obtenido de Universidad Colegio. Colombia. Londoño, J. (2019). Los Juicios Políticos en América Latina: Reflexiones sobre el caso colombiano. Teorder, 25, pp. 32-50. Lozano, G. (2009). Control Político y Responsabilidad Política en Colombia. Colombia . Maldonado, A. (2011). La lucha contra la corrupción en Colombia: La carencia de una política integral. Mora, C. (2011). Instrumentos constitucionales para el control parlamentario. Santiago, F. (2011). Juicio de Responsabilidades a Altos Magistrados del Órgano Judicial: Entre el juicio político y el penal. La Jurídica, 8(1), 1-8. Sentencia SU-1159 de 2003. (4 de diciembre de 2003). Corte Constitucional. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente T-603030. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/SU1159-03.htm. Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera (8 de marzo de 2018). C.P. María Elizabeth García González. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente 2017-00474-01. Obtenido de https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/216/11001-03-15-000-2018-03883-00.pdf Sentencia Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (21 de agosto de 2012). C.P. Hernán Andrade Rincón. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente 201100-254-00. Sentencia C-207 de 2003. (11 de marzo de 2003). Corte Constitucional. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente D-4174. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-207-03.htm Sentencia SU-632 de 2017. (12 de octubre de 2017). Corte Constitucional. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente T-5.982.843. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU632-17.htm Sentencia Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (19 de febrero de 2019). C.P. María Adriana Marín. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente 11001-03-15-000-2018-02417-00(PI) (11001-03-15-000-2018-2445-00 y 11001-03-15-000-2018-2482-00) (acumulados). Sentencia C-319 de 1994. (14 de julio de 1994). Corte Constitucional. M.P. Hernando Herrera Vergara. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente D-470. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-319-94.htm Sentencia C-497 de 1994. (3 de noviembre de 1994). Corte Constitucional. M.P. Jose Gregorio Hernandez Galindo. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente D-600. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-497-94.htm Sentencia T-162 de 1998. (30 de abril de 1998). Corte Constitucional. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente T-149814. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-162-98.htm Sentencia SU-858 de 2001. (15 de agosto de 2001). Corte Constitucional. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente T-402633. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/SU858-01.htm Sentencia SU-1159 de 2003. (4 de diciembre de 2003). Corte Constitucional. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente T-603030. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/SU1159-03.htm Sentencia T-1285 de 2005. (7 de diciembre de 2005). Corte Constitucional. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente T-1115938. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-1285-05.htm Sentencia T-086 de 2007. (8 de febrero de 2007). Corte Constitucional. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente T-1400769. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-086-07.htm Sentencia SU-515 de 2013. (1 de agosto de 2013). Corte Constitucional. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente T-3215147. 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Obtenido de https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2016/11/01/sc13925-2016/ Sentencia C-247 de 1995. (1 de junio de 1995). Corte Constitucional. M.P. Jose Gregorio Hernandez Galindo. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente D-714. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-247-95.htm Sentencia C-237 de 2012. (22 de marzo de 2012). Corte Constitucional. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente D-8658. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-237-12.htm Sentencia C-254A de 2012. (29 de marzo de 2012). Corte Constitucional. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente D-8676. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-254A-12.htm Sentencia T-1285 de 2005. (7 de diciembre de 2005). Corte Constitucional. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente T-1115938. 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Sentencia Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente 2001641. 11001-03-15-000-2009-00198-00 Solicitud de nulidad contra la sentencia SU-424 de 2006, expedientes T-3331156 y T-4524335. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Versión definitiva presentada el 28 de febrero de 2017. Taruffo, M., Mitidiero, D., Nieva, J. (2018). Los principios procesales de la justicia civil en Iberoamérica. Torralba, F. (2014). Qué es para usted la corrupción política. Uruburu, E. (2016). intervencion de la nudalidad presentada por la corte constitucional. Vallejos, A. (2010). El rol del Juez constitucional y la Democracia. Perú. Velasquez, F. (2010). La culpabilidad y el principio de culpabilidad, Pág 283 a 310. Revista de Derecho y Ciencias Políticas, La culpabilidad y el principio de culpabilidad, Pág 283 a 310. Revista de Derecho y Ciencias Políticas |
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Universidad Santo Tomas, Bucaramanga, Colombiahttp://hdl.handle.net/11634/48709reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coCon miras a preservar al Congreso de la República en el puesto que la democracia reclama, se consideró necesario reglamentar el tema desde la propia Constitución imponiendo un régimen especial, que no podría calificarse de excesivo ni desproporcionado, ya que el derecho a representar al Pueblo no es absoluto y, no lo es, precisamente, porque en su ejercicio están comprometidos los intereses supremos del Estado, entre ellos, la realización de los preceptos constitucionales y la defensa de los derechos fundamentales, los cuales han resultado afectados tanto en el pasado, como hasta el día de hoy por la tendencia en aumento de los malos hábitos parlamentarios, actos de corrupción, conductas des obligantes con el interés común y demás, que condujeron indefectiblemente a la creación de una herramienta clave, ejemplarizante y única que tuviera la virtualidad de disuadir y reprender este tipo de conductas en pro de asegurar la debida realización de los preceptos constitucionales, como objetivo general se quiere demostrar que la Corte Constitucional alteró la naturaleza del juicio de pérdida de investidura en Colombia, a partir de la sentencia SU-424 de 2016 al introducir el elemento subjetivo de la culpabilidad y contrariar la voluntad del constituyente primario que había quedado plasmada en un mandato expreso constitucional.With a view to preserving the Congress of the Republic in the position that democracy claims, it was considered necessary to regulate the issue from the Constitution itself, imposing a special regime, which could not be described as excessive or disproportionate, since the right to represent the People does not It is absolute and it is not, precisely, because in its exercise the supreme interests of the State are compromised, among them, the realization of constitutional precepts and the defense of fundamental rights, which have been affected both in the past and as to this day due to the increasing trend of bad parliamentary habits, acts of corruption, uncompromising conduct with the common interest and others, which inevitably led to the creation of a key, exemplary and unique tool that had the potential to dissuade and reprimand this type of conduct in favor of ensuring the proper implementation of constitutional precepts, as an objective In general, it is wanted to demonstrate that the Constitutional Court altered the nature of the trial of loss of investiture in Colombia, from the sentence SU-424 of 2016 by introducing the subjective element of guilt and contrary to the will of the primary constituent that had been embodied in an express constitutional mandate.Abogadohttp://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacionPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado DerechoFacultad de DerechoAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2La desnaturalización de la perdida de investidura en Colombia a partir de la Sentencia SU-424 de 2016DenaturationLoss of investitureAdministración públicaDemocraciaCorrupciónDerecho constitucionalEstado - CorrupciónDesnaturalizaciónPérdida de investiduraTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA BucaramangaAlvaro, E. (S.f). Intervencion a proporisto de la demanda de nulidad de la sentencia 424. intervencion de la corte constitucional presentada por la P.C Stella conto Diaz.Barros Cantillo, N. (1994). La Lógica del silogislo jurídico (1 ed.). Bogotá D.C, Colombia: Ediciones Libreria del Profesional.Castillo, S. (2016). Solicitud de nulidad de la sentencia SU 424Constituyente. (1991 ). Sesion plenaria comision tercera.García, A. ( 2008 ). Acusación Constitucional, Juicio Político y Antejuicio desarrollo.Grimaldos, A. (2011). Causales de pérdida de Investidura ¿Infracción disciplinaria incidencia de un dilema en la competencia del procurador para investigar, Colombia.Higuera, D. (2018). Acción de tutela contra providencias judiciales: elementos condiciones y críticas, 10 (18), pp 275,348.Hernandez, J. (1994). Corte Constitucional Sentencia No. C-497 de 1994. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 283 de la Ley 05 de 1992, numerales 6, 7 y 8. . Actor: Andres Caicedo Cruz. Magistrado Ponente.Isaza, G. (2014). El derecho al agua y el mínimo vital en el marco del servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Obtenido de Universidad Colegio. Colombia.Londoño, J. (2019). Los Juicios Políticos en América Latina: Reflexiones sobre el caso colombiano. Teorder, 25, pp. 32-50.Lozano, G. (2009). Control Político y Responsabilidad Política en Colombia. Colombia .Maldonado, A. (2011). La lucha contra la corrupción en Colombia: La carencia de una política integral.Mora, C. (2011). Instrumentos constitucionales para el control parlamentario.Santiago, F. (2011). Juicio de Responsabilidades a Altos Magistrados del Órgano Judicial: Entre el juicio político y el penal. La Jurídica, 8(1), 1-8.Sentencia SU-1159 de 2003. (4 de diciembre de 2003). Corte Constitucional. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá D.C, Colombia: Ref: expediente T-603030. 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