Derecho a la educación: la necesidad de un cambio para la ruralidad (2021)
Históricamente existe una brecha social educativa entre el sector rural y el urbano. Los esfuerzos gubernamentales se han centrado en la zona urbana y con ello, se han desmejorado las condiciones educativas para la ruralidad, siendo este sector en donde se acentúan problemas como el analfabetismo, la pobreza, poco desarrollo social y personal, poca inversión social, corrupción, violencia, entre muchos otros. La educación desde la Constitución Política de 1991 es entendida como un derecho y un servicio público (art. 67 C.P.) la cual tiene una función social y su importancia radica en su papel transformador para la persona, sociedad y el sector; es considerada el arma para combatir las desigualdades, la pobreza, violencia, brindar las herramientas, capacidades, conocimientos para poder vivir en sociedad y contribuir a los cambios positivos y significativos que se necesitan para lo rural y en general para toda la población. Por ello, urge realizar cambios en favor del sector rural, por medio de la adopción de nuevas políticas públicas pensadas para estos, bajo un nuevo modelo educativo inclusivo, diferenciado, el cual responda a las necesidades personales y sectoriales de la ruralidad, buscando con ello, brindarles la educación que tanto necesitan y con ello, contribuir a cerrar la brecha social educativa y combatir los demás problemas que aquejan a la ruralidad. Adicionalmente, se deben mejorar las condiciones del personal docente, brindando acompañamiento en su labor, así como garantizar los recursos educativos para poder realizar su labor, recuérdese que para el Ministerio de Educación Nacional (2016) “El rol y la cualificación del docente en el proceso educativo del estudiante juegan un papel preponderante teniendo en cuenta que su nivel de formación incide de manera positiva en la calidad de la educación.”. Las políticas públicas son entendidas como acciones que se toman en procura de solucionar un determinado problema que aqueja a la sociedad y/o a una parte de ella, el cual previamente ha sido definido. Para el cumplimiento de estas políticas públicas educativas rurales, es indispensable contar con presupuesto suficiente y continuo, evitando con ello, la paralización de estos planes, por ende, es fundamental realizar una reforma constitucional con el propósito de establecer una asignación progresiva de los recursos educativos y con ello, garantizar la educación inclusiva y diferenciada para la ruralidad.