Competencias otorgadas a la procuraduría general de la nación para inhabilitar servidores públicos de elección popular

Con el fin de garantizar la armonía de las normas internas Colombianas y así mismo la prevalencia de los derechos humanos de nuestros connacionales, Colombia ha suscrito numerosos tratados internacionales a lo largo de la historia, haciendo parte estos mismos, del bloque de constitucionalidad, ubicá...

Full description

Autores:
Rubio Herrera, Julio Cesar
Cerpa Daza, Julieta Alejandra
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/34926
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/34926
Palabra clave:
International Treaties
Human Rights
Public Servant
Popular Election
Derecho Internacional público
Derechos humanos
Empleo público - Legislación
Procesos disciplinarios
Procedimiento administrativo
Tesis y disertaciones académicas
Tratados Internacionales
Derechos Humanos
Servidor Publico
Eleccion Popular
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Description
Summary:Con el fin de garantizar la armonía de las normas internas Colombianas y así mismo la prevalencia de los derechos humanos de nuestros connacionales, Colombia ha suscrito numerosos tratados internacionales a lo largo de la historia, haciendo parte estos mismos, del bloque de constitucionalidad, ubicándolos en un nivel jerárquico superior a nuestro ordenamiento legal interno, así mismo la carta magna le ha otorgado potestades al ente administrativo Procuraduría General de la Nación, que ha generado controversia con los tratados Internacionales, por las decisiones que ha tomado en materia disciplinaria destituyendo e inhabilitando a servidores públicos elegidos popularmente a través del voto popular, dichas decisiones han sido controvertidas y llevadas a campos internacionales, con el fin de salvaguardar derechos humanos que se ven quebrantados y amenazados, presentándose de esta manera un choque de trenes entre dos sistemas normativos uno nacional y otro internacional denominado (sistema normativo interamericano de derechos humanos), las atribuciones que se le otorgaron al procurador general de la nación como autoridad administrativa (no judicial) son contrarias a los tratados internacionales ratificados por Colombia, así lo manifiesta en sus numerosas intervenciones, como ejemplo traemos a colación el caso Petro; mediante el cual la convención Americana sobre Derechos Humanos no permite “que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción por ejemplo, interponer una pena de inhabilitación o destitución a una persona por su conducta social, en el ejercicio de la función pública o fuera de ella, para llevar a cabo el ejercicio de los derechos políticos, a elegir y ser elegido, solo puede serlo por sentencia o acto jurisdiccional del juez competente en el correspondiente proceso penal”, es por ello que a lo largo de este trabajo entraremos a investigar si se violan o no los derechos humanos de los servidores públicos y si las potestades sancionatorias del procurador general de la nación cumplen los fines estatales de Colombia como estado social de Derecho. (Portillo & Sanjuan, 2015) ¿Las facultades otorgadas a la Procuraduría General de la Nación en las decisiones que le asisten frente a la destitución de servidores públicos de elección popular difieren de los tratados firmados y ratificados por Colombia vulnerando Derechos Fundamentales?