Consulta previa: deber y obligación del estado (2023)
Desde la creación del Estado Social de Derecho con ocasión a la Constitución de 1991, se procedió con el ideal de garantizar de forma correcta los derechos de los colombianos, especialmente aquellos que por su condición étnica o cultural se veían expuestos a transgresiones constantes por parte de la Administración. De suerte que, a través de la ley 21 del 1991 se propició la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, por medio de del cual se tomarían las medidas necesarias para asegurar la materialización de los derechos de los pueblos indígenas, aborígenes y tribales, aumentando los medios para la protección de sus valores y estimulando la participación constante de los mismos en las decisiones tomadas por el gobierno central. Motivo por el cual se crea la figura de la Consulta Previa, en forma de un diálogo constante con el Estado a fin de desembocar en un acuerdo que le permita a este último proceder sobre los territorios y/o intereses de las comunidades indígenas, sin desconocer su derecho de participación.