Contratos atípicos en la administración pública

Son muchos los contratos que celebran las entidades públicas, bien sea con otras entidades, o bien con particulares; no obstante, y pese a que nuestro estatuto de contratación (Ley 80 de 1993), a grandes rasgos contiene las tipología contractuales usadas por la administración, el fenómeno de la glob...

Full description

Autores:
Álvarez Ruíz, Camilo Andrés
Reyes Estepa, Juan David
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/12050
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/12050
Palabra clave:
Atypical contract
Council of state
Law 80 of 1993
State contracting
Contratación pública
Derecho civil
Investigación y contratos públicos
Contratación estatal
Contrato atípicos
Ley 80 de 1993
Consejo de estado
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Description
Summary:Son muchos los contratos que celebran las entidades públicas, bien sea con otras entidades, o bien con particulares; no obstante, y pese a que nuestro estatuto de contratación (Ley 80 de 1993), a grandes rasgos contiene las tipología contractuales usadas por la administración, el fenómeno de la globalización y la internacionalización del derecho, ha ocasionado que la administración se vea en la obligación de celebrar contratos propios del derecho privado, con el fin de satisfacer sus necesidades. Tal es el caso de los contratos de leasing, que, por su naturaleza, resultan más atractivos para la administración, que los contratos de arrendamiento puro; igualmente tenemos el contrato de seguro, que, a la luz de las sanciones establecidas en el estatuto único disciplinario, representa la garantía superior de la conservación de los bienes del estado. En el presente trabajo abordaremos el estudio de los contratos estatales, posteriormente analizaremos los contratos atípicos, encontrando los posibles contratos celebrados por la administración pública para, finalmente, analizar las posturas del Consejo de Estado en la materia.