Procedimiento especial de control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal que introdujo el artículo 23 de la Ley 2080 de 2021 (2021)
En el presente artículo el lector se sumergirá en conocer los cambios fundamentales que se le realizaron dentro de la segunda parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA mediante la Ley 2080 de 2021, principalmente en lo que respecta al artículo 136A que fue una adición en el marco del procedimiento especial de control automático de legalidad. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer los aspectos procesales del procedimiento especial de control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal y la eficacia del impacto jurídico-procesal de los mismos. Así mismo, con la nueva reforma se busca fortalecer los derechos individuales y colectivos de las personas, que son ejercidos contra la administración de una manera oportuna, dando respuesta con un mejoramiento del proceso y procedimiento administrativo en cooperación de las TICS (tecnologías de la información y la comunicación), entre los cuales encontramos apartados que refieren a la materia de procedimiento administrativo sancionatorio fiscal y también encontramos en cuanto a los términos y recursos del procedimiento sancionatorio algunos cambios y/o reformas, así mismo dentro de estas reformas se introducen sanciones y suspensiones (provisionales o no) de los servidores públicos mediante los procesos sancionatorios fiscales. Adicionalmente, es importante analizar y ver la viabilidad de justificación de esta reforma, conforme a que no se sabe con certeza si realmente aporta celeridad y descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas como para las entidades públicas, y en esencia para los jueces y magistrados administrativos o, por lo contrario, no tiene ninguna efectividad. En este sentido, se hace importante analizar los cambios dentro de la parte segunda del código y de los trámites procesales y sancionatorios a efectos de agilizar procesos o de aumentar los tiempos en los mismos por el cambio en jurisdicción.