El delito de celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en el proceso de licitación pública n° ftic-lp-038-2020.

El estado tiene a su cargo el cumplimiento de los fines consagrados en la Constitución Política y para ello hace uso de la contratación pública mediante la cual busca a las personas naturales y jurídicas más idóneas para ejecutar aquellas intervenciones que están a cargo del estado, porque aquel no cuenta con la capacidad y especialidad para desarrollar las actividades que materializan los deberes a su cargo. Quien asume la ejecución de los contratos otorgados por el estado se vuelve responsable de correcta ejecución y de la prestación de los servicios, es por ello por lo que aquellos funcionarios que tienen a su cargo la elección objetiva, como en una licitación pública, de posibles contratistas tienen una gran responsabilidad dado que evalúan las mejores características entre los oferentes que se presentan a la adjudicación de un contrato. En este mismo sentido la licitación pública es el medio a través del cual el estado contrata la prestación de bienes o servicios; este proceso contractual inicia con el estudio que plantea y justifica la necesidad de contratar a un tercero, se establecen los requisitos propios para el proceso que debe cumplir el posible contratista, se reciben las ofertas y se evalúan conforme a los requisitos legales y los establecidos para la licitación, se procede a la adjudicación donde los demás oferentes presentan oposiciones y según se espera se escoge a la persona natural o jurídica más idónea para ejecutar las labores encomendadas. Por otro lado, ha de mencionarse que en estos procesos contractuales no siempre se cuenta con la debida diligencia que se requiere para la evaluación de estos oferentes por ello el legislador tuvo que proteger a la administración pública como un bien jurídico tutelado en ciertos delitos que condenan el mal proceder en estos ámbitos. Por lo que uno de los delitos fue nombrado delito de celebración del contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales porque la ley y el mismo proceso contractual establecen requisitos que son de obligatorio cumplimiento para garantizar una correcta ejecución del objeto contractual. En el caso de la licitación pública FTIC-LP-038-2020 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia otorgó uno de los contratos de la licitación a la persona jurídica Unión Temporal Centros Poblados 2020 para que ejecutara las mejoras en el servicio de internet en las zonas rurales asignadas a la región B. En el curso de la ejecución de este contrato, el contratista presentó retrasos en su ejecución y por ello se inició una investigación al interior del Ministerio, en la que se descubrió que la garantía bancaria presentada para que se les entregara el anticipo no era real, las firmas de quienes otorgaron esta garantía habían sido falsificadas. Esta situación desplego varias acciones legales y para el interés académico es relevante establecer cómo se configura el delito del contrato sin cumplimiento de los requisitos legales de los cuales los servidores públicos que evaluaron y adjudicaron el contrato son responsables, dado que esta omisión en la debida diligencia de sus funciones constituye una vulneración directa a la administración pública. Siendo así se pretende evaluar el proceso licitatorio, la configuración del delito y cómo este puede ser aplicado al caso en particular.

• Autores: Rivera Castellanos, Tania Marcela; Quevedo Peña, Sofía Katherine
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad Santo Tomás
• Repositorio: Repositorio Institucional USTA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.usta.edu.co:11634/45442
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11634/45442
• Palabra clave: crime; public contract; public administration; pre-contractual stage; delito; contratación estatal; administración publica; etapa pre-contractual
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• License: Abierto (Texto Completo)