Incidencia de la Jurisprudencia Constitucional sobre las Políticas Públicas para los Habitantes de Calle, bajo el Principio de Igualdad y no Discriminación (2017)
En Colombia los habitantes de calle, han sido considerados como un grupo socialmente excluido, que, por su forma de vida, no aportan al desarrollo de la comunidad donde se encuentran. En esta medida, son sujetos a los que formalmente se les han reconocido sus derechos en tanto seres humanos que son, pero en la realidad el goce efectivo de los mismos no se materializa ante la imposibilidad de desarrollar en condiciones mínimas de dignidad otros derechos humanos distintos a su simple existencia. Es así que el habitante de calle puede ser concebido como aquella persona que ha definido la calle como su espacio vital y de habitación, siendo un fenómeno exclusivo de las ciudades y producto de las condiciones sociales, económicas y políticas del país; (Velandia & Pinilla, 2003) o como lo define la Ley 1641 de 2013: “persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno familiar”(Congreso de la República, 2013). Pero la marginalidad de la población habitante de calle en Colombia no solamente se ha expresado en su exclusión de la vida social, económica y productiva, sino también en las políticas, programas y acciones del Estado. Ejemplo de ello es que sólo hasta el año 2013, se ideó una política específica para integrar a los habitantes de calle , modificando un enfoque tradicional de criminalización o exclusión, que convertía a la población habitante de calle en sujeto invisible en el devenir de las políticas sociales del Estado.