Afectación a la seguridad jurídica por el choque de trenes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional

Se expuso el choque de trenes entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en donde se analizaron las diferentes posturas frente al tema de reliquidación pensional de los empleados públicos que no se encuentran en regímenes especiales y son beneficiarios del régimen de transición contemplad...

Full description

Autores:
Rojas Zapata, Jenny Marcela
Florez Cabezas, Luisa Fernanda
Navarro Dos santos, Alfonso Nolberto
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/13503
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/13503
Palabra clave:
Base settlement income
Precedent jurisprudential
Train collision
Legal security
Access to the administration of justice
Offenses against the state safety
Stare decisis -- Jurisprudence -- Employee rights
Pensions -- Law and Legislation
Delitos Contra la Seguridad del Estado
Antecedentes (Derecho) -- Jurisprudencia -- Derecho de los Trabajadores
Pensiones-Legislación
Ingreso Base de Liquidación (IBL)
Precedente Jurisprudencial
Choque de Trenes
Seguridad Jurídica
Acceso a la Administración de Justicia
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Description
Summary:Se expuso el choque de trenes entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en donde se analizaron las diferentes posturas frente al tema de reliquidación pensional de los empleados públicos que no se encuentran en regímenes especiales y son beneficiarios del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993. Se estableció que el Consejo de Estado dispuso que el IBL debía ser calculado conforme con el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de prestación del servicio y la Corte Constitucional determinó que el IBL debía ser calculado con el 75% de los factores salariales establecidos en la ley durante los últimos 10 años de prestación de servicios al Estado.