Análisis constitucional del procedimiento legislativo especial para la paz o fast track (2020)
Después de más seis décadas de conflicto armado, el Gobierno colombiano decidió instalar unas mesas de dialogo con el grupo FARC-EP, en la habana cuba, luego de diversos obstáculos y de un conflicto bélico que dejaba más víctimas en el país. Se logra llegar al acuerdo final que establecía a través de un tratado entre las dos partes del conflicto el gobierno constitucional del estado colombiano y la guerrilla más antigua del mundo. No obstante este logro sin precedentes para nuestro país estaba sujeto a la aprobación que decidiera el presidente Juan Manuel Santos, el cual en una decisión política decide refrendar los acuerdos a través de un plebiscito por toda la ciudadanía en general, decisión que tuvo un costo político muy alto al ser derrotado en urnas la iniciativa del gobierno al manifestarse en millones de personas en una decisión muy dividida que lo acordado en la Habana, Cuba no satisfacía los intereses de los votantes. Lo cual llevo a la decisión política del ejecutivo de invocar el mecanismo jurídico que previamente había sido creado para la puesta en marcha de los acuerdos el “fast track”, instrumento que permitía en tiempos cortos dar la aprobación de lo acordado entre el gobierno y el grupo beligerante; instrumento que tuvo que ser objeto de control constitucional y que desencadenó la creación de una legislatura que al día de hoy genera críticas y defensas.