Caso: Denuncia ante la CIDH (Comisión) de Ivan Medina Claros contra el Estado Miembro República de Colombia Fumigaciones (2021)
Las aspersiones aéreas e indiscriminadas con herbicidas tóxicos que realiza el Estado Colombiano en el marco de una estrategia antinarcóticos de erradicación forzosa de cultivos ilícitos, y los efectos que éstas ocasionan en la humanidad de las personas, en especial en aquellas que residen en Departamentos considerados como zonas en conflicto, es una política de Estado controvertida nacional e internacionalmente por los efectos devastadores sobre el ecosistema amazónico y por las implicaciones sobre la salud de las personas que habitan esta región, más cuando, previa a las fumigaciones no se hace advertencia a los pobladores para que tomen medidas que los salvaguarden de ser objeto directo de la aeroesparciones de los químicos utilizados en esas operaciones. En Colombia, infortunadamente, no existen evidencias científicas claras sobre los efectos que el glifosato ocasiona en la salud de las personas. Circunstancia de la que se ampara el Estado Colombiano para declararse ileso ante los procesos de responsabilidad que se inician en su contra. Esto constituye un claro desconocimiento por parte del Estado Colombiano, del principio de precaución en decisiones sobre el medio ambiente y la salud pública. Circunstancia que a su vez se traduce en una flagrante violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, según la cual, el Estado Colombiano está llamado a asumir su posición de garante y obligado a respetar la vida y la integridad física de las personas que residen en su territorio.