¿Cuáles son los presupuestos de orden político y jurídico para que las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia a causa del conflicto armado, logren una reparación integral? (2016)
En el presente artículo se abordarán aquellos presupuestos de orden político y jurídico para la reparación integral de las víctimas en Colombia, partiendo de un contexto de justicia transnacional por el cual atraviesa actualmente nuestro país, no es de total desconocimiento que el conflicto armado en Colombia se desarrolla desde la década de los años 60, involucrando de esta manera a dos sujetos principales los cuales están representados por el Estado a través de su fuerza pública y gobernantes por un lado, y los miembros de los grupos alzados en armas del otro. Pero adicionalmente, en este panorama se encuentran unos terceros ajenos a las ideologías que originan el conflicto armado y son quizá, los más afectados, se trata de la población civil. Por ello se hace necesario que para la protección a la población victima por desplazamiento forzado, se creen mecanismos políticos y normativos que pretendan la protección de sus derechos, tal como lo establece la Constitución Política y las distintas disposiciones jurisprudenciales; por esta razón, el objetivo de la investigación se enfocó a establecer: ¿Cuáles son los presupuestos de orden político y jurídico para que las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia a causa del conflicto armado, logren una reparación integral?, analizando en primer lugar, la naturaleza jurídica que pretende implementar una reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado. Una vez definida la concepción de la reparación integral, se analizaron las posturas que han sido adoptadas desde el manejo jurisprudencial, el punto de vista político, y los principales aportes recibidos por organismos judiciales internacionales, con miras de buscar el goce efectivo de los derechos incluyendo la participación de la población víctima de las actuaciones violentas de los grupos armados al margen de la ley. Es por este motivo que el papel del Estado dentro de la reparación de víctimas se encamina a aumentar los esfuerzos propensos a la recomposición del tejido social, en busca de este objetivo se adoptan medidas efectivas para el resarcimiento eficaz y efectivo a favor de las víctimas resultado de un periodo prolongado de violencia, pretendiendo lograr un amparo integral con acceso a la justicia y conocimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos, así mismo, deberá ofrecer herramientas para que las victimas desarrollen un nuevo modelo de vida, recuperen su dignidad, superen los traumas de la violencia sistemática y generalizada, con el fin de llegar a una reconciliación nacional.