Veeduría ciudadana en la contratación estatal desde la Constitución Política de 1991 (2019)
Desde la entrada en vigencia de la constitución política de 1991 se dio un cambio significativo en el modelo de estado colombiano, en el cual pasó de un estado de derecho a un estado social de derecho, por este motivo la soberanía comienza a recaer en la ciudadanía como lo dicta la carta política. Con este cambio sustancial los colombianos tienen el derecho de ejercer control y vigilancia a las instituciones estatales para verificar y corroborar que las entidades de carácter público cumplan con las funciones establecidas en la carta política y la legislación. Dada las facultades por la norma constitucional, uno de los focos mas grandes de corrupción en el país es la proveniente de la contratación estatal que ejercen las entidades públicas y que está regulada por la ley 80 de 1993, dicha ley le otorga facultades a los entes de control oficiales (Fiscalía,Ministerio público,Contralorías) para ejercer inspección y vigilancia, facultad que también es otorgada a los ciudadanos. Por lo mencionado anteriormente se ha desarrollado una figura en el derecho colombiano llamada veeduría ciudadana, la cual se va a observar su desarrollo histórico y marco normativo para la actuación de las veedurías ciudadanas en la administración pública colombiana en el siguiente artículo de investigación. Una vez establecidas las facultades de las entidades de control ciudadano, se observa de manera propositiva como se pueden generar maniobras efectivas en el control de los procesos de contratación estatal y como las entidades de control fiscal, administrativo y penal pueden ayudar a la comunidad en formación y capacitación para que su función sea totalmente eficaz y al final todas las etapas de la contratación estatal se vea una inversión correcta de los recursos públicos.