Corrientes de dignidad, una exploración de la situación del río ocoa y el caño buque en Villavicencio (2020)
Corrientes de Dignidad, es un ejercicio jurídico ambiental que describe la situación del Río Ocoa y el Caño Buque, Municipio de Villavicencio. Estos cuerpos de agua, junto con sus espacios asociados, es decir, su cauce, ronda hídrica y demás zonas adyacentes , configuran una unidad ambiental que integra diversos ecosistemas – naturales y humanos-, que a la luz de la normatividad colombiana deben ser objeto de conservación ambiental y manejo sostenible, debido a que es indispensable, otorgarle a estos cuerpos de agua, como sistemas vivos que son, la posibilidad de evolucionar y producir los bienes y servicios ambientales necesarios para la materialización de los derechos a un ambiente sano, al agua y a la dignidad humana. Los cuerpos asociados del agua han sido ocupados mediante procesos de asentamiento humano, situación que ostenta una doble dimensión, en tanto afecta ambientalmente al ecosistema y, pone en riesgo la integridad de los pobladores de estas áreas ante catástrofes naturales. Problemática que han traído como consecuencia el incremento de los índices de contaminación, la afectación de la fauna y flora, entre otras externalidades que poco a poco, han venido destruyendo la riqueza natural circundante de los afluentes hídricos. Razón por la cual la presente investigación se efectuará, teniendo en cuenta: 1. Que el agua y los espacios asociados a este recurso, son bienes jurídicamente protegidos por normas ambientales y de ordenamiento territorial. 2. Que los procesos de asentamiento y urbanización de las rondas hídricas, en algunos casos, no son más, que el reflejo del acceso desigual a bienes y servicios, por parte de los diferentes sectores de la sociedad, y que incluso, generan peligros para la integridad de estos pobladores. 3. Que los pobladores de estos espacios, son titulares de una serie de derechos fundamentales que deben ser garantizados al momento de proteger el ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior realizaremos un estudio jurídico ambiental sobre la ocupación y urbanización de los espacios del agua, desde el punto de vista de las normas aplicables, de la jurisprudencia Corte Constitucional y del Consejo de Estado, con el fin de proponer una solución jurídica viable que permita solucionar la problemática de ocupación y contaminación que caracteriza la situación actual del Caño Buque y Rio Ocoa en el Municipio de Villavicencio. Situación que se torna más grave cuando la administración, en procura de dar cumplimiento a su deber constitucional de recuperación del espacio público toma medidas que ponen en riesgo los derechos fundamentales de aquellas personas que en virtud de sus condiciones económicas y sociales difíciles, se han visto obligados a realizar ocupaciones en franjas de territorio de propiedad común. Así mismo, una situación de especial relevancia al momento de abordar la ocupación de los espacios del agua, es la que tiene que ver con el cambio climático, una realidad que afecta a todo el planeta; el "Cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (Convención marco sobre el cambio climatico, 1992), esto se traduce en alteraciones de las condiciones ambientales normales causadas por los impactos de las acciones humanas sobre el ambiente. Circunstancia que gana un papel muy importante, teniendo en cuenta que las variaciones climáticas generan un desequilibrio ambiental, que logra cambiar las condiciones de los ecosistemas, generando incluso catástrofes naturales y situaciones lamentables. La fauna y la flora se ven afectadas directamente con el cambio climático, pues al cambiar su entorno y ecosistemas, existen grandes posibilidades de que su existencia se restrinja o se modifique considerablemente. Otro componente importante, es lo concerniente a la gestión del riesgo de desastres naturales. De este tema en particular, con base en las normas vigentes sobre esta materia -Ley 1523 del 2012-, se puede denotar que según los principios que rigen la gestión del riesgo, esta gestión, debe comportarse de una manera integral, es decir, que en la prevención de la ocurrencia de desastres deben participar todos los actores de la vida social, tanto entes gubernamentales como la participación de los particulares mediante la unión de esfuerzos y una colaboración no jerarquizada, y quienes deben propender que no se vulneren las particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la misma, claro está, teniendo siempre de presente, el concepto de sostenibilidad aplicable a todos los actos en que se vea inmiscuido un recurso natural, es decir, la utilización de los recursos naturales sin comprometer o poner en riesgo el goce de los recursos a las generaciones venideras.