La indebida concepción de la actividad contractual en Colombia (2015)
El presente artículo tiene como propósito esencial el discernimiento oportuno de los yerros y falencias que comenten las entidades estatales al momento de dar aplicación a la normatividad contractual Colombiana, todo esto bajo el análisis crítico proveniente de información proporcionada por la “Procuraduría General de la Nación en sus reportes de Índices de Gobierno Abierto (IGA)” (Procuraduría General de la Nación). Además de evidenciar como la continua modificación legislativa causa de una profunda ruptura entre los vacíos normativos que en un principio deberían ser reglados por la ley 80 del 93 pero que terminan siendo complementados por Decretos y providencias Jurisprudenciales, demostrando así que varios factores que en un principio se creerían esenciales aun hoy no lo son. La conspiración argumentativa que encabezan muchas de las doctrinas que versan sobre los yerros en las entidades territoriales basan su contenido en la puja de dos factores preponderantes, el primero es la estructura de los lineamientos legales que actualmente son adoptados por dichas entidades como sugerencias mas no como lineamientos expresos e inequívocos, el segundo problema radica en el condicional lógico el cual supone que al no producirse el análisis de este lineamiento no existirá un adecuado procedimiento contractual, en contexto se estaría compensando un error con otro más gravoso, actualmente se propone dar más relevancia y preeminencia al objeto de fondo (contratar) que a las máximes que deberían preponderar en el ejercicio subsecuente tales como: El manejo adecuado del presupuesto, la selección adecuada del contratista o el cumplimiento cabal del plazo de ejecución. Tesis que dejan de lado los análisis que deberían acercarse más a una planeación adecuada y estructural que garantizara la protección de las entidades estatales, y la prevendría de la comisión de yerros y controversias contractuales. En consecuencia este documento hace referencia a los diversos postulados que atañen la actividad colombiana frente a las más aberrantes prácticas modernas que agobian la órbita contractual, como la corrupción, entre otras prácticas que se están consagrando como consuetudinarias en Colombia.