La constitucionalización del ambiente, un desafío de responsabilidad patrimonial inherente a la función administrativa del estado colombiano

El contenido y desarrollo del presente trabajo, propone un nuevo y dinámico contexto del derecho ambiental, integrado por naturaleza al derecho administrativo, constitucional y derecho Público. El Estado colombiano obligado ante la constitucionalización de ambiente, a desarrollar políticas públicas...

Full description

Autores:
Sánchez Cruz, Ramón
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/15420
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/15420
Palabra clave:
Public Law
Constitutional Law
Environmental Law
Administrative Law
Derecho Público
Derecho Constitucional
Derecho Administrativo
Derecho Administrativo
Constitucionalización
Activismo Judicial
Daño Antijurídico
Daño Ecológico
Daño Ambiental
Principio de Precaución
Principio Prevención
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Description
Summary:El contenido y desarrollo del presente trabajo, propone un nuevo y dinámico contexto del derecho ambiental, integrado por naturaleza al derecho administrativo, constitucional y derecho Público. El Estado colombiano obligado ante la constitucionalización de ambiente, a desarrollar políticas públicas verdes, estrategias de Gobierno que garanticen el verdadero desarrollo sostenible y resiliente, no sólo, a las futuras generaciones, sino a las presentes, garantizando derechos de rango supralegales. No puede concebirse como única fuente del desarrollo económico de un país, a coste de los bienes comunes - recursos naturales -; los recursos naturales pueden ser explotados y administrados, de manera racional, compensatoria, con meridiana certeza científica de los impactos negativos, estudios de impacto ambientalmente cumplibles y sobretodo con conciencia ambiental – mandato constitucional consagrado en los artículos 79 y 80 C.P. -. Presupuestos que deben ser aplicados por iniciativa del propia Estado, pero que han sido integrados al llamado “activismo judicial ambiental”, que integra esferas jurídicas y competencias propias del legislativo y ejecutivo, legislando desde los fallos de las altas cortes y generadores impactos fiscales en el presupuesto Nacional, para salvaguardar los “bienes comunes naturales” - entendido recursos naturales -.