Responsabilidad del Estado por el hecho del legislador al emitir la Ley 1996 del 2019

Entre las múltiples responsabilidades que un Estado debe asumir, se desprenden las que implican “responder” por lo que le sea imputable debido a las acciones u omisiones de quienes ostentan la calidad de legisladores. Una de estas posibilidades hace referencia al tratamiento y definiciones relaciona...

Full description

Autores:
Ballesteros Muñoz, Andrea Patricia
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/57227
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/57227
Palabra clave:
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description Entre las múltiples responsabilidades que un Estado debe asumir, se desprenden las que implican “responder” por lo que le sea imputable debido a las acciones u omisiones de quienes ostentan la calidad de legisladores. Una de estas posibilidades hace referencia al tratamiento y definiciones relacionadas con personas que presentan discapacidad para actuar “normalmente” dentro de un grupo social. Para responsabilizar al estado respecto a lo anteriormente mencionado, son necesarios tres elementos básicos: La imputación del estado, exposición del daño antijuridico y demostración del nexo causal. La legislación colombiana, históricamente, toma como referente la de otros países y para este caso ha tomado la Francesa y Española: en Francia mediante el fallo Arret de la Fleurette se argumentó la “igualdad de cargas” refiriéndose a la responsabilidad estatal de saber proferir leyes y del pueblo para cumplirlas, incluyendo indemnizaciones cuando la ley falle, especialmente para los menos favorecidos y/o discapacitados; En España, se apoyó la “responsabilidad patrimonial por hecho del legislador” pero más política que patrimonialmente: El legislador no sería individualmente responsable, pero si el estado que debe garantizar los principios de confianza legitima y de buena fe de la ley. En Colombia, se toman los ejemplos foráneos y después de variadas consideraciones se propone la responsabilidad estatal patrimonial fundamentándose en el daño Especial. Para el caso concreto, se entrará a analizar la ley 1996 de 2009, que, mediante un breve estudio jurisprudencial, demuestre la necesidad de establecer medidas que permitan resguardar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, mayores de edad.
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Para responsabilizar al estado respecto a lo anteriormente mencionado, son necesarios tres elementos básicos: La imputación del estado, exposición del daño antijuridico y demostración del nexo causal. La legislación colombiana, históricamente, toma como referente la de otros países y para este caso ha tomado la Francesa y Española: en Francia mediante el fallo Arret de la Fleurette se argumentó la “igualdad de cargas” refiriéndose a la responsabilidad estatal de saber proferir leyes y del pueblo para cumplirlas, incluyendo indemnizaciones cuando la ley falle, especialmente para los menos favorecidos y/o discapacitados; En España, se apoyó la “responsabilidad patrimonial por hecho del legislador” pero más política que patrimonialmente: El legislador no sería individualmente responsable, pero si el estado que debe garantizar los principios de confianza legitima y de buena fe de la ley. En Colombia, se toman los ejemplos foráneos y después de variadas consideraciones se propone la responsabilidad estatal patrimonial fundamentándose en el daño Especial. Para el caso concreto, se entrará a analizar la ley 1996 de 2009, que, mediante un breve estudio jurisprudencial, demuestre la necesidad de establecer medidas que permitan resguardar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, mayores de edad.Among the multiple responsibilities that a State must assume, there are those that imply “responding” for that is attributable, due to the actions or omissions of those who hold the status of legislators. One of these possibilities refers to the treatment and definitions related to people who have a disability to act “normally” within a social group. In order to give responsability to the state responsible for the aforementioned, three basic elements are necessary: The imputation of the state, exposure of the unlawful damage and demonstration of the causal link. Colombian legislation, historically, takes as reference an other countries and in this case it has taken French and Spanish legislations: in France, through the Arret de la Fleurette ruling, the “equality of burdens” was argued, referring to the state's responsibility to know how to issue laws. and of the people to comply with them, including compensation when the law fails, especially for the less fortunate and/or disabled; In Spain, “Patrimonial Responsibility by fact of the Legislator” was supported, but more politically than patrimonially: The legislator would not be individually responsible, but the state that must guarantee the principles of legitimate trust and good faith of the law would be. In Colombia, foreign examples are taken and after some considerations, state patrimonial responsibility is proposed based on Special Damage. For the specific case, Law 1996 of 2019 will be analyzed, through a brief jurisprudential study, that demonstrates the need to establish measures that allow protecting and guaranteeing the rights of people with disabilities, of legal age.Especialista en Derecho AdministrativoEspecializaciónapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásEspecialización en Derecho AdministrativoFacultad de DerechoAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Responsabilidad del Estado por el hecho del legislador al emitir la Ley 1996 del 2019Responsibilitydisabilitystateimputationjudicial supportlegislatorRightsguaranteesResponsabilidadEstadodiscapacidadimputaciónapoyos judicialeslegisladorDerechosgarantíasTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA TunjaAponte, X y Ardila, L. (2015). Responsabilidad patrimonial del Estado por falla en el servicio de justicia. Universidad la Gran Colombia. Disponible en: https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/3610/Responsabilidad_patrimonial_servicio_justicia.pdf?sequence=1&isAllowed=yBetancur, J. (2020). El cambio de paradigma de la Ley 1996 de 2019 y sus retos jurídicosCifuentes, R. (2016). La responsabilidad del Estado-legislador: desde la irresponsabilidad hasta un nuevo título de imputación. 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