El delito de enriquecimiento ilícito de particulares y su violación de la carga de la prueba
Acuerdos regionales e internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción UNCAC (2005) alientan a los estados miembro a tipificar como delito el enriquecimiento ilícito como parte del esfuerzo para combatir la corr...
- Autores:
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Ávila Monguí, Liván Giovanny
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/54702
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/54702
- Palabra clave:
- Burden of proof, Illicit enrichment, Reversal of the burden of proof, Individuals, Criminal process
Derecho penal y procesal penal
carga de la prueba, enriquecimiento ilícito, Inversión de la carga de la prueba, particulares, proceso penal.
- Rights
- openAccess
- License
- Abierto (Texto Completo)
| Summary: | Acuerdos regionales e internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción UNCAC (2005) alientan a los estados miembro a tipificar como delito el enriquecimiento ilícito como parte del esfuerzo para combatir la corrupción, el lavado de dinero y redes criminales organizadas. Sin embargo, las preocupaciones sobre el debido proceso y la protección de los derechos del acusado han creado desafíos en la legislación relacionada, por tal razón la inversión de la carga en este delito evita la vulneración de derechos constitucionales y está reglamentada y aceptada en el Código de Procedimiento Penal en Colombia, de esta manera con el presente documento en materia probatoria desde el punto de vista de la investigación realizada, se ha admitido la inversión en la carga de la prueba en contra del procesado, como una situación irregular en materia procesal penal pues la carga probatoria debería recaer exclusivamente en la Fiscalía, que podría dar cierta igualdad a las partes en disputa, y así lograr la solución al conflicto presentado de una manera ágil y eficiente. |
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