Las políticas públicas en educación superior en Colombia (1992-2010): diagnóstico e incidencias en las reformas institucionales

La Constitución Política del 91 en Colombia proponía un espíritu de conservar, promover y proteger la educación como un Derecho social con responsabilidad compartida del nuevo estado participativo que se inauguraba con la Asamblea Constituyente autoconvocada en el país bajo la consideración del mism...

Full description

Autores:
Montoya Londoño, Mauricio
Vélez de la Calle, Claudia
Viafara Sandoval, Harold
Castillo Rubio, Hernán
Quintero Caicedo, Napoleón
Dussán Escobar, Ana Milena
Palta Velasco, Ferney
Pérez Muñoz, Mónica Cristina
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/4679
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10819/4679
Palabra clave:
Educación superior - Colombia
Educación pública - Colombia
Derecho a la educación
Ley 30 de 1992
Política educativa
Política de educación superior - América Latina
Educación superior - Investigaciones
Historia de la educación superior
Rights
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Description
Summary:La Constitución Política del 91 en Colombia proponía un espíritu de conservar, promover y proteger la educación como un Derecho social con responsabilidad compartida del nuevo estado participativo que se inauguraba con la Asamblea Constituyente autoconvocada en el país bajo la consideración del mismo como un Estado Social de Derecho. La educación como derecho fundamental exige la responsabilidad estatal; empero, las políticas educativas nacionales replicadas de las políticas educativas internacionales muestran en las últimas dos décadas una tendencia regresiva a la protección de este derecho con miras a generar prácticas de empresarización de la educación (para nuestro interés, la educación superior) que sobrepone la lógica administrativa por encima de la racionalidad académica y de beneficio social de una sociedad y una nación que requiere elevar los niveles de formación de sus pobladores para poder asumir los retos científicos, técnicos, culturales que el modelo de desarrollo global supone. La garantía del derecho pareciera insuficiente frente a la presión que la economía de los servicios, entre ellos la educación como parte de esa tercerización, ejerce en el contexto de competitividad y alto rendimiento que el capital financiero transnacional registra en sus altos índices de rentabilidad y crecimiento.