Garantías de protección para el trabajo sexual lícito derivadas de la confianza legítima prevista en la jurisprudencia constitucional

Las relaciones entre la administración pública y los administrados están mediadas por la buena fe y el respeto al marco constitucional y legal colombiano, lo que supone una actuación ejemplar y ajustada a derecho de ambos, de tal manera que si el primero rompe abruptamente con las expectativas que e...

Full description

Autores:
Mallarino Peinado, Anyuris
Blanquiceth Ortiz, Leonela
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/6235
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10819/6235
Palabra clave:
Jurisprudencia constitucional
Garantías
Trabajo sexual lícito
Derecho laboral
Tesis - derecho
Trabajo sexual - Colombia
Garantías laborales
Jurisprudencia constitucional - Colombia
Derecho laboral - Colombia
Rights
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Description
Summary:Las relaciones entre la administración pública y los administrados están mediadas por la buena fe y el respeto al marco constitucional y legal colombiano, lo que supone una actuación ejemplar y ajustada a derecho de ambos, de tal manera que si el primero rompe abruptamente con las expectativas que el segundo se ha creado y que fueron consentidas por aquel, generando una desestabilidad evidente e inesperada que afecte el interés público y el del particular, se ha vulnerado el principio de confianza legítima. Este principio, aunque no está expresamente consagrado en la ley, ha permitido dirimir muchos conflictos y generar garantías de protección en escenarios de violación de derechos; entre los problemas resuelto por la jurisprudencia constitucional, está uno en el que un establecimiento, donde se ejercía el trabajo sexual lícito, fue desplazado arbitrariamente por la administración municipal, pese a que existía entre ellos un convenio sobre el plazo de desocupación, lo que representó, a juicio del alto tribunal, un comportamiento desproporcionado e irrazonable del ente territorial, y permitió abrir la puerta a las garantías de protección para el trabajo sexual lícito derivadas de la confianza legítima.