Acuerdos de La Habana: entre enfoques diferenciados y posibilidades confusas. Retos de los movimientos sociales en escenarios de posacuerdo (2018)
A continuación, se presenta el resultado del proyecto de investigación “Movimientos sociales, demandas políticas y acuerdos de paz: retos para un escenario de pos-acuerdo”, el cual se desarrolló desde la línea de investigación Gestión y Políticas Públicas del grupo de investigación Observatorio Público de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. La investigación se centró en analizar el acuerdo suscrito entre el Gobierno nacional y el movimiento insurgente, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Tras una negociación que tomó más de cinco años y en la que participaron delegados del Gobierno nacional, miembros del secretariado de las FARC-EP y países garantes, el 24 de noviembre del año 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá se logró la firma del acuerdo para la terminación del conflicto armado, que puso fin a una confrontación de más de medio siglo de antigüedad. Este es sin duda el acontecimiento político más importante del país en su historia reciente y marca un punto de inflexión para la agenda pública colombiana de los próximos años. En las 310 páginas del acuerdo final firmado se recoge el trabajo de la mesa de La Habana y los acuerdos logrados en el denominado gran diálogo nacional, que vinculó organizaciones sociales, asociaciones de víctimas, militares y líderes políticos de la oposición. El documento firmado en el Teatro Colón, aborda parte de los problemas sociales, políticos y económicos que dieron origen al conflicto armado y que fueron la base de su extensión en el tiempo. Los seis puntos de los que se compone el documento final abordan aspectos centrales para la sociedad colombiana. Es así como se busca encontrar soluciones a los problemas de la estructura agraria abordado en el punto uno, denominado Reforma Rural Integral, en el que se busca disminuir la concentración de la tierra en el país y garantizar el acceso al crédito y tecnología por parte de los campesinos.