¿Las empresas de telefonía móvil celular podrían implementar medidas tecnológicas de prevención de la extorsión en la modalidad carcelaria y seguridad personal?

La extorsión es uno de los delitos de mayor impacto en Colombia debido a su crecimiento de manera exponencial el cual ha afectado el patrimonio económico y la autonomía personal de miles de habitantes en distintas regiones del País. El presente artículo tiene como finalidad brindar información relev...

Full description

Autores:
Meneses Montenegro, Jose Armando
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/28195
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/28195
Palabra clave:
Carcelaria
extorsión
modus operandi
modalidad
política criminal
Prion
extorsión
modus operandi
modality
Criminal policy
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:La extorsión es uno de los delitos de mayor impacto en Colombia debido a su crecimiento de manera exponencial el cual ha afectado el patrimonio económico y la autonomía personal de miles de habitantes en distintas regiones del País. El presente artículo tiene como finalidad brindar información relevante sobre las diferentes modalidades de extorsión las cuales se originan desde centros carcelarios ubicados en diferentes regiones de Colombia ya que algunas personas privadas de la libertad han convertido este delito en un lucrativo negocio propiciado por conductas como la corrupción, el alto porcentaje de hacinamiento y el desconocimiento que la sociedad posee sobre el modus operandi de este tipo de modalidad criminal quienes valiéndose de los constantes avances tecnológicos están a la vanguardia para lograr su cometido bajo llamadas intimidatorias afectando su patrimonio económico y la autonomía personal, igualmente, se abordará la necesidad del porque el delito de extorsión debe estar ubicado en el Titulo III Delitos contra la libertad individual y otras garantías de la Ley 599 de 2000 y no contra el patrimonio económico.