Los verdaderos efectos de las órdenes emitidas en el marco de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional frente a la Comunidad Indígena Jiw de Mapiripán – Meta (2004 – 2022)

El presente artículo de investigación tiene como objetivo analizar los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional en relación con la protección de los derechos humanos del Pueblo Jiw del Resguardo Indígena Naexal Lajt, pertenecientes a la jurisdicción de Mapiripán – Meta, en particular, se...

Full description

Autores:
González Flóres, Giovanny
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/23989
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/23989
Palabra clave:
Corte Constitucional
estado de cosas inconstitucional
ordenes complejas
ordenes estructurales
acción de tutela
Pueblo Jiw
derechos fundamentales
Constitución Política
Constitutional Court
unconstitutional state of affairs
complex orders
structural orders
tutela action
Jiw People
fundamental rights
political constitution
Indígenas de Colombia
Derechos de los indígenas
Derecho administrativo
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:El presente artículo de investigación tiene como objetivo analizar los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional en relación con la protección de los derechos humanos del Pueblo Jiw del Resguardo Indígena Naexal Lajt, pertenecientes a la jurisdicción de Mapiripán – Meta, en particular, se tendrá como punto de referencia la sentencia T 025 de 2004, a través de la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional - en adelante ECI, debido a la grave afectación de los derechos reconocidos por la Constitución a las comunidades desplazadas por causa del conflicto armado interno, de igual manera, se asumirá esta investigación conforme a la sentencia SU 092 de 2021, en virtud de la cual se establecieron las reglas de unificación de los criterios para el examen de las vulneraciones presentadas en el marco de un ECI.