Derecho de defensa en los procesos sancionatorios ambientales
El Estado colombiano tiene la obligación por mandato constitucional de proteger las riquezas naturales de la nación, de allí que en ocasión de cualquier amenaza o daño ambiental se inicie el respectivo proceso administrativo sancionatorio, el cual está regulado en la ley 1333 de 2009, donde se estab...
- Autores:
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Mosquera Moreno, Yenny
Chavarro Rusinque, David
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/25773
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/25773
- Palabra clave:
- ambiental
sancionatorio
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normatividad
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El Estado colombiano tiene la obligación por mandato constitucional de proteger las riquezas naturales de la nación, de allí que en ocasión de cualquier amenaza o daño ambiental se inicie el respectivo proceso administrativo sancionatorio, el cual está regulado en la ley 1333 de 2009, donde se establece no solo el procedimiento sancionatorio ambiental, sino también las infracciones, sanciones y medidas preventivas que haya a lugar. En virtud de la mencionada norma, una de las autoridades que goza de la potestad sancionadora en el tema ambiental son las Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales son la máxima autoridad ambiental en su respectiva jurisdicción (Ley 99, 1993). Estas Corporaciones de conformidad con su naturaleza y funciones, por lo general son las que más adelantan procesos sancionatorios ambientales, previa la observancia de todas las garantías del derecho fundamental al debido proceso, entre ellas el derecho de defensa. No obstante, en el proceso administrativo sancionatorio que realizan dichas autoridades, se podrían presentar falencias en la garantía del derecho de defensa, como quiera que estas Corporaciones resultan ser juez y parte en el proceso. Adicionalmente, en principio se presume la culpa y el dolo del infractor ambiental (Ley 1333, 2009, Art. 1), invirtiéndose la carga de la prueba, es decir, siendo el procesado quien debe demostrar que no cometió un daño al medio ambiente. De modo que los vacíos presentados en la ley 1333 de 2009 por la cual se regula el proceso sancionatorio ambiental, que se traducen en falta de garantías al debido proceso de los implicados, a juicio de Guzmán y Ubajoa (2019) no solo le restan eficacia y legalidad al procedimiento, sino que también imponen la necesidad de reformarla legislativamente. |
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Acevedo, J. M. M. (2013). La teoría de la infracción ambiental en Colombia desde una concepción funcionalista del derecho penal. Justicia juris, 9(2), 98-107. Albarracín González, D. F. (2018) La imputación subjetiva en el procedimiento sancionatorio ambiental colombiano. Universidad Santo Tomás. Amaya Arias, Ángela M. (2020). Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental en Colombia: Generalidades y algunos retos en su aplicación. Derecho & Sociedad, 2(54), 65-78. Arcila Salazar, B., & Castellanos, J. C. (2015). Aproximación a los aspectos probatorios del procedimiento sancionatorio ambiental. Prolegómenos, 18(35), 49-65. Bejarano Ramos, C. (2019). El papel de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en la aplicación de la Ley 1333 de 2009. Bogotá : Universidad Externado de Colombia. Congreso de la República (1993) Ley 99 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”. Diciembre 22 de 1993. Bogotá, Congreso de la República (2009) Ley 1333 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. Julio 21 de 2009. Bogotá, Corte Constitucional (2010) Sentencia C- 595. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. Julio 27 de 2010. Bogotá, D.C. Cuéllar Muñoz, H. (2022). La presunción de culpa o dolo en el proceso sancionatorio ambiental. Dos mil tres mil, 24, 1-10. Del Valle Mora, E. (2018). Oportunidades de mejora del proceso sancionatorio ambiental. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018. Duque Ramírez, J. A. (2021). La presunción de culpa o dolo en el proceso administrativo sancionatorio ambiental en Colombia. Universidad del Rosario. García Carvajal, A. E., & González Cifuentes, R. M. (2022). Límites de la discrecionalidad administrativa: medidas preventivas, sanciones y algunos aspectos procesales en la Ley 1333 de 2009. Universidad Autónoma Latinoamericana. Guzmán Jiménez, L y Ubajoa Osso, J. (2019). Garantías procedimentales en el ámbito sancionatorio ambiental. Un análisis de eficacia administrativa. Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. Morales, Y. (2020). Procedimiento sancionatorio ambiental adelantado por las Corporaciones Autónomas Regionales: ¿Garantiza el derecho de defensa y contradicción?. Universidad Santo Tomas de Aquino. Parra, Á. G. (2013). Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental a partir de la vigencia de la Ley 1437 de 2011. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 43(118), 443-470. Puentes Fernández, Y. T. (2022) La omisión de la etapa de alegatos de conclusión en el procedimiento sancionatorio ambiental vulnera el debido proceso del investigado. Universidad Santo Tomás. Trellez Leal, F. A., & Yáñez Giraldo, Y. (2022). Aplicabilidad o inaplicabilidad del principio de doble instancia en procesos sancionatorios ambientales adelantados por las CAR. Universidad Libre de Bogotá. |
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Estas Corporaciones de conformidad con su naturaleza y funciones, por lo general son las que más adelantan procesos sancionatorios ambientales, previa la observancia de todas las garantías del derecho fundamental al debido proceso, entre ellas el derecho de defensa. No obstante, en el proceso administrativo sancionatorio que realizan dichas autoridades, se podrían presentar falencias en la garantía del derecho de defensa, como quiera que estas Corporaciones resultan ser juez y parte en el proceso. Adicionalmente, en principio se presume la culpa y el dolo del infractor ambiental (Ley 1333, 2009, Art. 1), invirtiéndose la carga de la prueba, es decir, siendo el procesado quien debe demostrar que no cometió un daño al medio ambiente. De modo que los vacíos presentados en la ley 1333 de 2009 por la cual se regula el proceso sancionatorio ambiental, que se traducen en falta de garantías al debido proceso de los implicados, a juicio de Guzmán y Ubajoa (2019) no solo le restan eficacia y legalidad al procedimiento, sino que también imponen la necesidad de reformarla legislativamente.Universidad Libre seccional Pereira - Facultad de derecho, Ciencias políticas y Sociales - Especialización de derecho urbano, gestión y planeamientos inmobiliariosThe Colombian State has the obligation by constitutional mandate to protect the natural wealth of the nation, hence on the occasion of any environmental threat or damage, the respective administrative sanctioning process is initiated, which is regulated in Law 1333 of 2009, which establishes not only the environmental sanctioning procedure, but also the infringements, penalties and preventive measures that may be applicable. By virtue of the aforementioned law, one of the authorities with sanctioning power in environmental matters are the Regional Autonomous Corporations, which are the highest environmental authority in their respective jurisdiction (Law 99, 1993). These Corporations, in accordance with their nature and functions, are generally the ones that advance environmental sanctioning processes, prior observance of all the guarantees of the fundamental right to due process, including the right to defense. However, in the administrative sanctioning process carried out by such authorities, there could be shortcomings in the guarantee of the right of defense, since these Corporations turn out to be judge and party in the process. Additionally, in principle, the guilt and malice of the environmental offender is presumed (Law 1333, 2009, Art. 1), reversing the burden of proof, i.e., it is the defendant who must prove that he did not commit a damage to the environment. Thus, the gaps in Law 1333 of 2009, which regulates the environmental sanctioning process, resulting in a lack of due process guarantees for those involved, in the opinion of Guzmán and Ubajoa (2019) not only detract from the effectiveness and legality of the procedure, but also impose the need to reform it legislatively.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ambientalsancionatorioprotecciónnormatividadsanctioningprotectionnormativityenvironmentDerecho de defensa en los procesos sancionatorios ambientalesTesis de Especializacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAcevedo, J. M. M. (2013). La teoría de la infracción ambiental en Colombia desde una concepción funcionalista del derecho penal. Justicia juris, 9(2), 98-107.Albarracín González, D. F. (2018) La imputación subjetiva en el procedimiento sancionatorio ambiental colombiano. Universidad Santo Tomás.Amaya Arias, Ángela M. (2020). Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental en Colombia: Generalidades y algunos retos en su aplicación. Derecho & Sociedad, 2(54), 65-78.Arcila Salazar, B., & Castellanos, J. C. (2015). Aproximación a los aspectos probatorios del procedimiento sancionatorio ambiental. Prolegómenos, 18(35), 49-65.Bejarano Ramos, C. (2019). El papel de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en la aplicación de la Ley 1333 de 2009. Bogotá : Universidad Externado de Colombia.Congreso de la República (1993) Ley 99 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”. Diciembre 22 de 1993. Bogotá,Congreso de la República (2009) Ley 1333 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. Julio 21 de 2009. Bogotá,Corte Constitucional (2010) Sentencia C- 595. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. Julio 27 de 2010. Bogotá, D.C.Cuéllar Muñoz, H. (2022). La presunción de culpa o dolo en el proceso sancionatorio ambiental. Dos mil tres mil, 24, 1-10.Del Valle Mora, E. (2018). Oportunidades de mejora del proceso sancionatorio ambiental. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018.Duque Ramírez, J. A. (2021). La presunción de culpa o dolo en el proceso administrativo sancionatorio ambiental en Colombia. Universidad del Rosario.García Carvajal, A. E., & González Cifuentes, R. M. (2022). Límites de la discrecionalidad administrativa: medidas preventivas, sanciones y algunos aspectos procesales en la Ley 1333 de 2009. Universidad Autónoma Latinoamericana.Guzmán Jiménez, L y Ubajoa Osso, J. (2019). 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