Violación del derecho al acceso a la administración de justicia en los procesos de deslinde y amojonamiento, en casos de desarrollos legalizados
En el Código General del Proceso artículo 401, se exige como requisito a priori para la presentación y admisión de la demanda de Deslinde y Amojonamiento, que el demandante debe anexar sendos certificados del Registrador de Instrumentos Públicos de la zona donde se encuentren ubicados los inmuebles...
- Autores:
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Organista Builes, Luz Marlenny
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/22668
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/22668
- Palabra clave:
- Deslinde y Amojonamiento
Desarrollo Legalizado
Certificado de Tradición y Libertad
requisitos esenciales
Demarcation and Landmarks Setting
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Essential Requirements
Derecho Inmobiliario
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En el Código General del Proceso artículo 401, se exige como requisito a priori para la presentación y admisión de la demanda de Deslinde y Amojonamiento, que el demandante debe anexar sendos certificados del Registrador de Instrumentos Públicos de la zona donde se encuentren ubicados los inmuebles y en los cuales se señale la situación jurídica de los mismos. El Decreto 1077 de 2015 dispone que la legalización urbanística es un proceso mediante el cual las Autoridades Administrativas reconocen la existencia de un asentamiento humano en condiciones de precariedad y de origen informal, conformado por viviendas que se han constituido sin licencia de urbanización, lo cual impide que las personas que deseen acceder a la Administración de Justicia no cuenten con la posibilidad de suplir el requisito legal para que sea admitida la demanda. Lo anterior, conlleva a una violación tajante al Derecho del Acceso a la Administración de Justicia, no solo discriminando a las personas de estratos 1 y 2 (que son la mayoría), sino también impidiéndoles que por no tener una sentencia que permita resolver su necesidad de establecer mojones y definir linderos, no puedan acceder a una licencia urbanística. Por lo anteriormente señalado y por la preocupación de buscar una solución efectiva, clara, concreta y realizable para evitar esta violación al derecho del acceso a la Administración de Justicia, presentaré a lo largo de este escrito el sustento jurídico de la posible o posibles soluciones o alternativas de manejo para esta problemática. |
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Ley 57 (1887, Sancionada 26 de mayo de 1873). Ley 1564 (12 de julio de 2012) . Congreso de la República. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Ley 1579 (1 de octubre de 2012) Congreso de la República. Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones Decreto 2067 (4 de septiembre de 1991). Presidente de la República de Colombia. Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional. Decreto 1295 (22 de junio de 1994). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales . Ley 270 ( 7 de marzo de 1996). Congreso de la República. Estatutaria de Administración de Justicia. Decreto Nacional 564 (24 de Febrero de 2006). Presidente de la República de Colombia. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones. Decreto Nacional 1469 (30 de abril de 2010). Presidente de la República de Colombia. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. Decreto 1077 (26 de mayo de 2015). Ministerio de vivienda, ciudad y Territorio .Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto 806. (4 de junio de 2020) Ministerio de Justicia y del Derecho, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar a la atención de los usuarios del servicio de justicia, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Sentencia C-417 de 1992. (18 de junio de 1992) Corte Constitucional MP. Fabio Morón Diaz Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C-417-92.htm Sentencia T-543/92 (1 de octubre de 1992) Corte Constitucional MP. José Gregorio Hernández Galindo Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1992/C-543-92.htm. Sentencia T-43/93. (1 de febrero de 1993) Corte constitucional M.P. Ciro Angarita Barón. Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-043-93.htm. Sentencia T-79/93. (25 de febrero de 1993) Corte Constitucional MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/t-079-93.htm Sentencia T-173/93. (4 de mayo de 1993) Corte Constitucional MP. José Gregorio Hernández Galindo. Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/t-173-93.htm Sentencia T-198/93. (21 de mayo de 1993) Corte Constitucional MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/t-198-93.htm. Sentencia T-331/93. (12 de agosto de 1993) Corte Constitucional MP. Fabio Morón Diaz. Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-331-93.htm Sentencia T-368/93. (3 de septiembre de 1993) Corte Constitucional MP. Vladimiro Naranjo Mesa Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-368-93.htm. Sentencia T-245/94. (3 de septiembre de 1993) Corte Constitucional MP. Vladimiro Naranjo Mesa Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-245-94.htm Sentencia C-397 de 1995. (7 de septiembre de 1995) Corte Constitucional M.P. José Gregorio Hernández Galindo Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-397-95.htm Sentencia C-398 de 1995 (7 de septiembre de 1995) Corte Constitucional MP. José Gregorio Hernández Galindo Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-398-95.htm Sentencia C-473 de 1997 (25 de septiembre de 1997) Corte Constitucional MP. Eduardo Cifuentes Muñoz Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-473-97.htm Sentencia C-568 de 1997 (6 de noviembre de 1997) Corte Constitucional MP. Fabio Morón Diaz Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-568-97.htm Sentencia C-543 de 1998 (1 de octubre de 1998) Corte Constitucional MP. Carlos Gaviria Diaz Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-543-98.htm Sentencia C-1191 de 2000. (13 septiembre de 2000) Corte Constitucional MP. Alfredo Beltrán Sierra Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://vlex.com.co/vid/-43613743 Sentencia C-710 de 2001. (5 de julio de 2001) Corte Constitucional MP. Jaime Córdoba Triviño Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-710-01.htm Sentencia C-712 de 2001. (5 de julio de 2001) Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-712-01.htm Sentencia C-234 de 2002. (2 de abril de 2002) Corte Constitucional M.P. Eduardo Montealegre Lynett Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-234-02.htm Sentencia C- 313 de 2007 (3 de mayo de 2007) Corte Constitucional MP. Marco Gerardo Monroy Cabra Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-313-07.htm Sentencia SC674-2020 (3 de marzo de 2020). Corte Constitucional M.P Ariel Salazar Ramírez. Bogotá D.C: Colombia. Obtenido de https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/04/SC674-2020-2015-00713-00.pdf |
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El Decreto 1077 de 2015 dispone que la legalización urbanística es un proceso mediante el cual las Autoridades Administrativas reconocen la existencia de un asentamiento humano en condiciones de precariedad y de origen informal, conformado por viviendas que se han constituido sin licencia de urbanización, lo cual impide que las personas que deseen acceder a la Administración de Justicia no cuenten con la posibilidad de suplir el requisito legal para que sea admitida la demanda. Lo anterior, conlleva a una violación tajante al Derecho del Acceso a la Administración de Justicia, no solo discriminando a las personas de estratos 1 y 2 (que son la mayoría), sino también impidiéndoles que por no tener una sentencia que permita resolver su necesidad de establecer mojones y definir linderos, no puedan acceder a una licencia urbanística. Por lo anteriormente señalado y por la preocupación de buscar una solución efectiva, clara, concreta y realizable para evitar esta violación al derecho del acceso a la Administración de Justicia, presentaré a lo largo de este escrito el sustento jurídico de la posible o posibles soluciones o alternativas de manejo para esta problemática.Article 401 of the General Process Code, requires that before the presentation and admission of a demarcation and landmarks setting demand, the complainant must attach certificates from the Public Instrument Clerk of the area where the real state is placed, in which the juridical status of these properties is stablished. Decree 1077 from 2015 determines that urban legalization is a process though which Administra-tive Authorities recognizes human establishments on precarious conditions and informal origin, constituted by houses built without urban licenses. People from these establishments cannot ac-cess the Justice Administration, as they cannot fulfill the legal requirements for a demand to be admitted. The later opposes the people’s right to access the Justice Administration, not only discriminating (mostly) people in the 1 and 2 stratums, but also impeding these people to obtain an urbanistic license, due to the lack of a sentence that allow them to resolve their need of land marks to de-fine property limits. As a result and in the pursuit of an effective, clear, concrete and realizable solution to avoid the right violation to access the Justice Administration, through this work I will present the juridical bases of possible solutions or alternatives to this problem.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Deslinde y AmojonamientoDesarrollo LegalizadoCertificado de Tradición y Libertadrequisitos esencialesDemarcation and Landmarks SettingLegalized DevelopmentTradition and Liberty CertificateEssential RequirementsDerecho InmobiliarioViolación del derecho al acceso a la administración de justicia en los procesos de deslinde y amojonamiento, en casos de desarrollos legalizadosViolation of the right of access to the administration of justice in boundary delimitation and demarcation processes, in cases of legalized developments.Tesis de Especializacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLey 57 (1887, Sancionada 26 de mayo de 1873).Ley 1564 (12 de julio de 2012) . Congreso de la República. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Ley 1579 (1 de octubre de 2012) Congreso de la República. Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposicionesDecreto 2067 (4 de septiembre de 1991). Presidente de la República de Colombia. Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.Decreto 1295 (22 de junio de 1994). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales .Ley 270 ( 7 de marzo de 1996). Congreso de la República. Estatutaria de Administración de Justicia.Decreto Nacional 564 (24 de Febrero de 2006). Presidente de la República de Colombia. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones.Decreto Nacional 1469 (30 de abril de 2010). Presidente de la República de Colombia. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.Decreto 1077 (26 de mayo de 2015). Ministerio de vivienda, ciudad y Territorio .Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.Decreto 806. (4 de junio de 2020) Ministerio de Justicia y del Derecho, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar a la atención de los usuarios del servicio de justicia, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.Sentencia C-417 de 1992. (18 de junio de 1992) Corte Constitucional MP. Fabio Morón Diaz Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C-417-92.htmSentencia T-543/92 (1 de octubre de 1992) Corte Constitucional MP. José Gregorio Hernández Galindo Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1992/C-543-92.htm.Sentencia T-43/93. (1 de febrero de 1993) Corte constitucional M.P. Ciro Angarita Barón. Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-043-93.htm.Sentencia T-79/93. (25 de febrero de 1993) Corte Constitucional MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/t-079-93.htmSentencia T-173/93. (4 de mayo de 1993) Corte Constitucional MP. José Gregorio Hernández Galindo. Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/t-173-93.htmSentencia T-198/93. (21 de mayo de 1993) Corte Constitucional MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/t-198-93.htm.Sentencia T-331/93. (12 de agosto de 1993) Corte Constitucional MP. Fabio Morón Diaz. Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-331-93.htmSentencia T-368/93. (3 de septiembre de 1993) Corte Constitucional MP. Vladimiro Naranjo Mesa Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-368-93.htm.Sentencia T-245/94. (3 de septiembre de 1993) Corte Constitucional MP. Vladimiro Naranjo Mesa Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-245-94.htmSentencia C-397 de 1995. (7 de septiembre de 1995) Corte Constitucional M.P. José Gregorio Hernández Galindo Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-397-95.htmSentencia C-398 de 1995 (7 de septiembre de 1995) Corte Constitucional MP. José Gregorio Hernández Galindo Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-398-95.htmSentencia C-473 de 1997 (25 de septiembre de 1997) Corte Constitucional MP. Eduardo Cifuentes Muñoz Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-473-97.htmSentencia C-568 de 1997 (6 de noviembre de 1997) Corte Constitucional MP. Fabio Morón Diaz Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-568-97.htmSentencia C-543 de 1998 (1 de octubre de 1998) Corte Constitucional MP. Carlos Gaviria Diaz Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-543-98.htmSentencia C-1191 de 2000. (13 septiembre de 2000) Corte Constitucional MP. Alfredo Beltrán Sierra Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://vlex.com.co/vid/-43613743Sentencia C-710 de 2001. (5 de julio de 2001) Corte Constitucional MP. Jaime Córdoba Triviño Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-710-01.htmSentencia C-712 de 2001. (5 de julio de 2001) Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-712-01.htmSentencia C-234 de 2002. (2 de abril de 2002) Corte Constitucional M.P. Eduardo Montealegre Lynett Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-234-02.htmSentencia C- 313 de 2007 (3 de mayo de 2007) Corte Constitucional MP. Marco Gerardo Monroy Cabra Bogotá D.C. Colombia. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-313-07.htmSentencia SC674-2020 (3 de marzo de 2020). Corte Constitucional M.P Ariel Salazar Ramírez. Bogotá D.C: Colombia. 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