La expropiación administrativa y sus retos frente a derechos fundamentales en Colombia
Es claro e indiscutible que la propiedad privada, como está concebida actualmente en nuestro País, se ha convertido en un bastión fundamental en la estructura político-social y económica de la Nación, que genera obligaciones recíprocas entre el titular del derecho de dominio y el estado colombiano y...
- Autores:
-
Castaño Londoño, William
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/26555
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/26555
- Palabra clave:
- Expropiación -- Judicial -- Administrativa
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Es claro e indiscutible que la propiedad privada, como está concebida actualmente en nuestro País, se ha convertido en un bastión fundamental en la estructura político-social y económica de la Nación, que genera obligaciones recíprocas entre el titular del derecho de dominio y el estado colombiano y que a pesar de los múltiples impuestos y restricciones que recaen sobre ella, ésta subsiste gracias al régimen capitalista que sustenta nuestro modelo económico. Dentro de esas restricciones a la propiedad privada en Colombia tenemos las siguientes: meras restricciones o limitaciones, servidumbres, ocupación temporal y expropiación. En cuanto a la expropiación, ésta se divide en judicial y administrativa. Esta última precisamente es materia de investigación de este trabajo de grado. Bastante se ha cuestionado este modelo de expropiación plasmado en el artículo 58 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 388 de 1997; desde la fecha en que se puso en práctica y hasta el día de hoy, ha tenido bastantes reparos y le han surgido múltiples cuestionamientos por su aplicabilidad. En el proceso de expropiación administrativa que se realiza actualmente en Colombia se limitan abiertamente las posibilidades que posee el propietario del predio y los demás interesados en él, para ejercitar sus derechos de defensa y objeción. Tal como está contemplado, es considerado un atropello hacia los ciudadanos involucrados con la expropiación, quienes de forma precipitada, abrupta y arbitraria son despojados de su propiedad y afectados en sus derechos. El interrogante salta a la vista: ¿Al efectuar la expropiación administrativa en Colombia, por mandato constitucional, se viola el debido proceso y los derechos fundamentales de los expropiados? Con fundamento en lo expuesto, se hace necesario entonces, avocar detalladamente este estudio sobre la expropiación administrativa; proponer soluciones a los problemas detectados, extractando una guía práctica que oriente hacia el futuro, a quienes tengan que ver con los procesos de expropiación ejecutados en Colombia. Debe ser un Estudio que permita, por una parte, conocer más a fondo la evolución de la expropiación en toda su extensión dentro del contexto político, social, jurídico, e inclusive económico de nuestro País y por el otro lado, comprender la capital importancia de esta figura en el actual ordenamiento jurídico de nuestro país, determinando claramente cuáles son los aspectos normativos y de procedimiento negativos y auscultando los puntos más neurálgicos que están llevando esta figura al deterioro paulatino; pues, según la crítica y la experiencia, está violando un determinado número de derechos y garantías constitucionales de los expropiados. |
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Bastante se ha cuestionado este modelo de expropiación plasmado en el artículo 58 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 388 de 1997; desde la fecha en que se puso en práctica y hasta el día de hoy, ha tenido bastantes reparos y le han surgido múltiples cuestionamientos por su aplicabilidad. En el proceso de expropiación administrativa que se realiza actualmente en Colombia se limitan abiertamente las posibilidades que posee el propietario del predio y los demás interesados en él, para ejercitar sus derechos de defensa y objeción. Tal como está contemplado, es considerado un atropello hacia los ciudadanos involucrados con la expropiación, quienes de forma precipitada, abrupta y arbitraria son despojados de su propiedad y afectados en sus derechos. El interrogante salta a la vista: ¿Al efectuar la expropiación administrativa en Colombia, por mandato constitucional, se viola el debido proceso y los derechos fundamentales de los expropiados? 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