Configuración del Derecho Penal de acto en Colombia ¿hacia un Derecho Penal de autor? Estado de la cuestión doctrinal y jurisprudencial (2015)
El Estado colombiano a partir de 1991 erige por intermedio del poder constituyente primario una nueva constitución, a través de la cual se establecerán una serie de reglas, principios y valores que en primera instancia gozarán de preeminencia sobre las normas jurídicas vigentes que no tengan rango constitucional (como es el caso de las leyes, decretos, actos administrativos, ordenanzas, etc.), igualmente, estas directrices constitucionales regularán las funciones del Estado entre otras, la función jurisdiccional o la facultad que tiene el Estado de Administrar Justicia-, al igual que la regulación de la banca central y de todas las actividades de carácter económico y comercial que de ella se deriven, entre otros aspectos. Lo anterior, adecuado a términos más sencillos, quiere decir que todos los aspectos de la vida social, política, económica y jurídica de nuestro país se encuentran plenamente subordinados a los presupuestos constitucionales y no exclusivamente a las leyes o a normas de menor jerarquía, como falazmente se aducía por parte de la doctrina durante la vigencia de la constitución política de 1886.