Fallas en la administración de justicia que conllevan a privaciones injustas de la libertad

La presunción de inocencia está consagrada como un derecho fundamental y además goza de especial protección en diversos tratados internacionales adoptados por Colombia que hace parte del bloque de constitucionalidad. Como lo ha reiterado la Corte Constitucional “La presunción de inocencia es una de las columnas sobre las cuales se configura el Estado de Derecho y es, de igual modo, uno de los pilares fundamentales de las democracias modernas. Su significado práctico consiste en que quien ha sido imputado de haber cometido un delito se presume inocente hasta tanto no se haya demostrado lo contrario mediante sentencia debidamente ejecutoriada.”62. En la misma sentencia la Corte ha dicho que las personas vinculadas a un proceso no son las llamadas a aportar pruebas que acrediten su inocencia, sino que la carga probatoria les corresponde a las autoridades judiciales, en cabeza de ellos está la obligación de desvirtuar dicha presunción, luego de un debido proceso. Como se ha dicho en líneas anteriores la presunción de inocencia es el principio en el que se pueden edificar los demás derechos de los que gozan las personas, por eso es que se debe velar por una garantía lo más efectiva posible. En la práctica judicial la realidad es diferente porque si bien está establecida la relevancia de este derecho, en muchas circunstancias se deja de lado y casi que es inoperante, muchos operadores judiciales responden a las reacciones sociales que piden de manera casi exclusiva la medida de aseguramiento, esto no solo va en contravía de lo establecido constitucionalmente, sino que además ocasiona un detrimento patrimonial que le cuesta al Estado billones de pesos al año. Los operadores judiciales junto a las instituciones deben necesariamente racionalizar las medidas de aseguramiento y conservar la esencia del derecho penal, que implica la mínima intervención, y si ha de decretarse una medida de aseguramiento este debe ser el último recurso al que acudan. De esta investigación de más de dos años surgieron posibles fórmulas que pudiesen aplicarse satisfactoriamente en la política criminal actual, esto con el fin de reducir significativamente los errores en la administración de justicia que conllevan a privaciones injustas de la libertad, estas posibles soluciones no entran en conflicto con el ordenamiento jurídico porque están vistas en clave constitucional, si bien no se espera que sea una armonización pacífica, se insta a las instituciones a realizar una aplicación paulatina que no solo va a traer consigo beneficios para las personas que se encuentran actualmente inmersas en un proceso, y eventualmente podrían terminar siendo víctimas, sino también ayuda significativamente al desarrollo profesional de los operadores judiciales.

• Autores: Garnica Rozo, Ana María; Quiroga Sandoval, Jonathan Alexander; Rosero Bedoya, Ivonne Maritza
• Fecha de publicación: 2017
• Institución: Universidad Libre
• Repositorio: RIU - Repositorio Institucional UniLibre
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unilibre.edu.co:10901/11871
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/10901/11871
• Palabra clave: Administración de justicia; Libertad (Derecho); Derecho; Delphi method; Deprivation of liberty; Errors Administration of Justice; Council of State; Criminal policy; CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA; CONCEJO DE ESTADO; DERECHOS HUMANOS; DERECHO PENAL; JURISPRUDENCIA; Método Delphi; Privación de la Libertad; Errores Administración de Justicia; Consejo de Estado; Política Criminal
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