La responsabilidad estatal por omisión legislativa en Colombia

Con la promulgación de la carta política de 1991, las cargas contenidas dentro de las ramas del poder público adquieren un carácter obligacional, que, al ser omitidas impiden garantizar la aplicabilidad de derechos inherentes al ser humano, ocasionando daños, los cuales las personas no se encuentran...

Full description

Autores:
Casanova Cornejo, Daniela
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/28753
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/28753
Palabra clave:
Omisión legislativa
Daño antijuridico
Responsabilidad estatal
Principio de legalidad
Garantismo jurídico
Legislative omission
Illegal damage
State responsibility
Principle of legality
Legal guarantee
Responsabilidad Estatal
Rights
restrictedAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:Con la promulgación de la carta política de 1991, las cargas contenidas dentro de las ramas del poder público adquieren un carácter obligacional, que, al ser omitidas impiden garantizar la aplicabilidad de derechos inherentes al ser humano, ocasionando daños, los cuales las personas no se encuentran obligadas a soportar. Así, en base al artículo 90 de la Constitución Política, las altas Cortes han comenzado a identificar los eventos en los cuales, de la omisión legislativa, se puede estructurar una posible responsabilidad Estatal. En consecuencia, desde una perspectiva jurídico-explicativa, el presente articulo identificara los avances que contrajo el nuevo régimen político en base a la responsabilidad estatal por la omisión legislativa, de igual manera, ahondara en el estudio practico de eventos en los cuales la Corte Constitucional ha exhortado al Congreso, para que, en un plazo prudente, regule alguna materia, evento en el cual, pasado el tiempo, sigue persistiendo la omisión legislativa. En concreto, se estudiará rigurosamente la institución jurídica que busca castigar la inactividad legislativa producto de intereses políticos y económicos que provocan un daño antijuridico, el cual, dentro de un estado social de derecho las personas no se encuentran obligadas a soportar.