Servidor público abogado, incompatibilidad con el ejercicio privado de su profesión: ¿Una limitación desigual y desproporcionada?
El presente artículo pretende ilustrar, cómo ha evolucionado la incompatibilidad que tienen los servidores públicos, que a su vez también son abogados, para ejercer su profesión en el ámbito privado, desde su inclusión en el primer estatuto del abogado hasta la actual ley 1123 de 2007, a partir de u...
- Autores:
-
Nieves, Alexander
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/22927
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/22927
- Palabra clave:
- Incompatibilidad
servidor público
abogado
derecho disciplinario
Incompatibility
public server
attorney
disciplinary law
Derecho administrativo
Interpretación del derecho
Funcionario públicos -- Legislación -- Colombia
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Summary: | El presente artículo pretende ilustrar, cómo ha evolucionado la incompatibilidad que tienen los servidores públicos, que a su vez también son abogados, para ejercer su profesión en el ámbito privado, desde su inclusión en el primer estatuto del abogado hasta la actual ley 1123 de 2007, a partir de una revisión crítica de las normas que regulan la materia y su trámite legislativo, los conceptos y juicios de constitucionalidad emitidos; asimismo, aborda el concepto de derecho disciplinario ligado a las relaciones especiales de sujeción, cómo determinadas especies de servidores públicos abogados por vía legal o jurisprudencial han visto favorecido el libre ejercicio de su profesión, los pronunciamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y los juicios de constitucionalidad sobre el tema y, finalmente, plantea una crítica respecto del carácter absoluto de la incompatibilidad en el ejercicio privado de la abogacía que pesa sobre los empleados públicos y los trabajadores oficiales, la cual no reconoce la obligación del Estado de actuar de forma tal que las cargas y ventajas sociales se distribuyan de forma equitativa entre los coasociados. |
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