Carencias retributivas de la ley de justicia y paz frente al desplazamiento forzado, iniciativas de reparación en la jurisdicción internacional (2009)
La ley 975 del 2002 llamada ley de justicia y paz al constituirse supuestamente en un instrumento para la consecución de la paz en Colombia, basada en los principios de verdad, justicia y reparación, ha dejado un limbo en el cual ninguno de estos postulados se están cumpliendo y por el contrario, dicha ley se ha convertido en un instrumento de impunidad, la anterior construida por el congreso y con iniciativa gubernamental tiene una característica, que ha sido elaborada por los directos implicados en la mal llamada parapolítica , de tal manera que estos se ha constituidos en juez y parte, construyendo eta ley a su acomodo. La iniciativa de dicha normatividad también tiene cuestionamientos, ya que varios miembros del gobierno fueron gestores de las denominadas convivir que con el tiempo degeneraron en grupos paramilitares, quienes son los principales causantes de desplazamiento forzado en Colombia y autores de otros crímenes nominados de lesa humanidad, en este punto es de anotar que el tratamiento que se les ha dado a los desplazados, ha sido de desprecio, de sordera institucional ya que el gobierno, por lo anteriormente expuesto, ha presentado una evidente debilidad con los agresores, y controversia de igual manera con los desplazados. Estas ambivalencias que se presentan los gestores de las anteriores leyes y estos interés marcados hacen que la impunidad sea una realidad en la efectivización de esta ley, es por lo tanto que el principio de imparcialidad y equidad tanto en la aplicación como en la elaboración de la legislación de justicia y paz, no se tuvo en cuenta, sin embargo los postulados de verdad justicia y reparación han procurado que la norma sea beneficiosa en la reparación de las víctimas, esto ante la imagen estatal a nivel internacional. En estos contextos surgen la reparación para los desplazados y una lógica en materia seria el retorno a sus tierras y la devolución de su patrimonio. Pero en la realidad estos ámbitos no han tenido eficacia ya que a los desplazados no solo se les han incumplido con lo determinado en la ley 27 de 2005 y se nota la falta de decisión del estado para aplicar las recomendaciones elaboradas por la ONU para la restitución de las tierras a las víctimas del desplazamiento forzado.