Análisis sobre la constitucionalidad de las disposiciones de los artículos 14 y 309 de la ley 685 de 2001, ¿vulneran el debido proceso probatorio de los operadores mineros?
Dentro de la Ley 685 de 2001 existe un procedimiento para que los titulares mineros soliciten ante los alcaldes o ante la autoridad minera nacional un amparo para que se suspenda de manera inmediata la ocupación o perturbación que realicen terceros en el área del título minero, denominado amparo adm...
- Autores:
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Blanco Serrano, José Alberto
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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Dentro de la Ley 685 de 2001 existe un procedimiento para que los titulares mineros soliciten ante los alcaldes o ante la autoridad minera nacional un amparo para que se suspenda de manera inmediata la ocupación o perturbación que realicen terceros en el área del título minero, denominado amparo administrativo. Dicho trámite consta de una diligencia de reconocimiento de área y desalojo, prevista en el artículo 309 ibidem, en la que, según los términos del citado artículo, solo será admisible como defensa para el tercero o “querellado” (como se denomina dentro del trámite de amparo administrativo) la presentación de un título minero vigente e inscrito en el registro minero nacional. La norma mencionada, sigue los postulados del artículo 14 ibidem, que prevé literalmente que “únicamente se podrá probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.”. Teniendo en cuenta que la misma Ley 685 de 2001 prevé la posibilidad de que el titular minero celebre subcontratos con terceros para llevar a cabo estudios, obras o trabajos necesarios para desarrollar la actividad minera dentro de su título, como lo puede ser el denominado contrato de operación minera, resulta relevante analizar si es constitucionalmente acertado que los artículos 14 y 309 de dicha ley restrinjan la libertad que tienen los operadores mineros para presentar pruebas distintas al título minero dentro del trámite de amparo administrativo, para justificar su ocupación dentro de un área dada en concesión al titular con el que previamente celebró el referido subcontrato. |
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M.P.: Nilson Pinilla Pinilla. Bogotá D.C., Colombia: expediente D-9354. Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-511-13.htm. Sentencia C-598, (10 de agosto de 2011). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expediente D-8258. Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-598-11.htm. Sentencia casación 29416, (23 de abril de 2008). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. M.P.: Yesid Ramírez Bastidas. Bogotá, D.C., Colombia: Radicación n. 29416. Acta 98. Obtenido de: https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/spa/AUDIENCIA%20PREPARATORIA/EVIDENCIA%20FISICA%20PERTINENCIA%20Y%20AUTENTICACION/29416(23-04-08).doc. Sentencia T-095, (25 de febrero de 2016). Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. M.P.: Alejandro Linares Cantillo. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expediente T- 5.193.939. Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-095-16.htm. Sentencia T-187, (8 de abril de 2013). Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. M.P.: Mauricio González Cuervo. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expediente T-3.694.573. Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-187-13.htm. Sentencia T-428, (8 de junio de 2012). Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. M.P.: María Victoria Calle Correa. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes T-3115240, T-3115241 y T-3121736. Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-428-12.htm. Zapata González, M. M. & Valencia Rojas, J. N. (2014). Debido proceso probatorio y derecho de contradicción probatoria en el trámite de revisión de fallos de tutela. Revista Opinión Jurídica, 13 (25), 175-190. |
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Clavijo Cáceres, Darwin GilbertoClavijo Cáceres, Darwin GilbertoBlanco Serrano, José AlbertoCúcuta2022-04-28T00:05:02Z2022-04-28T00:05:02Z2022https://hdl.handle.net/10901/22344Dentro de la Ley 685 de 2001 existe un procedimiento para que los titulares mineros soliciten ante los alcaldes o ante la autoridad minera nacional un amparo para que se suspenda de manera inmediata la ocupación o perturbación que realicen terceros en el área del título minero, denominado amparo administrativo. Dicho trámite consta de una diligencia de reconocimiento de área y desalojo, prevista en el artículo 309 ibidem, en la que, según los términos del citado artículo, solo será admisible como defensa para el tercero o “querellado” (como se denomina dentro del trámite de amparo administrativo) la presentación de un título minero vigente e inscrito en el registro minero nacional. La norma mencionada, sigue los postulados del artículo 14 ibidem, que prevé literalmente que “únicamente se podrá probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.”. Teniendo en cuenta que la misma Ley 685 de 2001 prevé la posibilidad de que el titular minero celebre subcontratos con terceros para llevar a cabo estudios, obras o trabajos necesarios para desarrollar la actividad minera dentro de su título, como lo puede ser el denominado contrato de operación minera, resulta relevante analizar si es constitucionalmente acertado que los artículos 14 y 309 de dicha ley restrinjan la libertad que tienen los operadores mineros para presentar pruebas distintas al título minero dentro del trámite de amparo administrativo, para justificar su ocupación dentro de un área dada en concesión al titular con el que previamente celebró el referido subcontrato.Within Law 685 of 2001, there is a procedure for mining owners to request from the mayors or the national mining authority an amparo so that the occupation or disturbance carried out by third parties in the area of the mining title is immediately suspended, called amparo administrative. Said procedure consists of an area recognition and eviction procedure, provided for in article 309 ibidem, in which, according to the terms of the aforementioned article, it will only be admissible as a defense for the third party or "defendant" (as it is called within the procedure of administrative protection) the presentation of a valid mining title and registered in the national mining registry. The aforementioned norm follows the postulates of article 14 ibidem, which literally provides that "the right to explore and exploit state-owned mines can only be proven through the mining concession contract, duly granted and registered in the National Mining Registry.". Taking into account that the same Law 685 of 2001 provides for the possibility that the mining owner enters into subcontracts with third parties to carry out studies, works or works necessary to develop the mining activity within its title, such as the so-called contract of mining operation, it is relevant to analyze whether it is constitutionally correct that articles 14 and 309 of said law restrict the freedom that mining operators have to present evidence other than the mining title within the administrative protection process, to justify their occupation within a given area in concession to the holder with whom the aforementioned subcontract was previously entered into.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2debido proceso probatorioconstitucionalidadcontrato de operación mineraderechos fundamentalestítulo minerodue process of evidenceconstitutionalitymining operation contractfundamental rightsmining titleDerecho mineromineríaAnálisis sobre la constitucionalidad de las disposiciones de los artículos 14 y 309 de la ley 685 de 2001, ¿vulneran el debido proceso probatorio de los operadores mineros?Analysis of the constitutionality of the provisions of articles 14 and 309 of law 685 of 2001, do they violate the due process of evidence of mining operators?Tesis de Especializacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fChinchilla, T. (2009). ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? Bogotá: Temis.Constitución Política de Colombia (1991). Asamblea Nacional Constituyente. Bogotá, D.C., Colombia: Gaceta Constitucional No. 116 del 20 de julio de 1991. Obtenido de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html.Concepto No. 200703336. (31 de julio de 2007). Ministerio de Minas y Energía. Bogotá, obtenido de: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/NormativaConceptosJuridicos/concepto_20181200267421_.pdf.Concepto No. 20181200265271. (25 de abril de 2018). Agencia Nacional de Minería. Bogotá, obtenido de: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/NormativaConceptosJuridicos/concepto_20181200265271.pdf.Devis Echandía, H. (1981). Teoría general de la prueba judicial (5a ed., Vol. I y II). Buenos Aires: Víctor P. de Zavalía.González Salazar, N. E. (2014). 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Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expediente D-10888. Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/C-054-16.htm.Sentencia C-1270, (20 de septiembre de 2000). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Antonio Barrera Carbonell. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expediente D-2904. Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1270-00.htm.Sentencia C-163, (10 de abril de 2019). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Diana Fajardo Rivera. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expediente D-12556. Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-163-19.htm.Sentencia C-496, (5 de agosto de 2015). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá D.C., Colombia: expediente D-10451. Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-496-15.htm.Sentencia C-511, (31 de julio de 2013). Corte Constitucional. Sala Plena. 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