Insumos que garantizan el derecho a la prueba en el proceso judicial
Actualmente uno de los mandatos estructurales para la tutela efectiva de los derechos es el derecho fundamental a la prueba, no solo por el novedoso fenómeno de constitucionalización del proceso sino por la vivencia de los casos concretos, los cuales le han impulsado serias reformas. Con anteriorida...
- Autores:
-
Castellanos, Jeferson Arley
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/9312
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/9312
- Palabra clave:
- Prueba (Derecho)
Proceso judicial
Derecho
DERECHO PROBATORIO
PRUEBA (DERECHO)
DERECHO - - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS
Derecho a la prueba
Proceso Judicial
- Rights
- restrictedAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
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Actualmente uno de los mandatos estructurales para la tutela efectiva de los derechos es el derecho fundamental a la prueba, no solo por el novedoso fenómeno de constitucionalización del proceso sino por la vivencia de los casos concretos, los cuales le han impulsado serias reformas. Con anterioridad al Código General del Proceso, la realidad exponía un ciudadano que acudía a la administración de justicia y veía definida la vigencia y eficacia de su pretensión o excepción a través de tres hipótesis de la actividad probatoria: i) en la habilidad o dirigida intensión de su contraparte en aportar o no la prueba del hecho, que es otra manera de entender la noción clásica de carga de la prueba; ii) en la búsqueda de la verdad por parte del juez, a través de sus poderes oficiosos; y iii) en la sorpresa de una inversión de la carga de la prueba por el juez, de la cual la persona a quien se le asignaba la carga de probar, se enteraba en la sentencia de segunda instancia, o en sede de casación o en la eventual revisión. |
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Gladys Agudelo Ordoñez. Colombia. Consejo de Estado (2012) Sentencia del 7 de noviembre, N.R. 2020436, Sección Tercera M.P. Olga Melida Valle de la Hoz. Colombia. Corte Suprema de Justicia (2001) sentencia del 30 de enero, I.D. 238988, Sala de Casación Civil, Familia y Agrario M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Colombia. Corte Suprema de Justicia (2005) sentencia del 19 de diciembre I.D. 238988, Sala de Casación Civil, Familia y Agrario M.P. Cesar Julio Valencia Copete. Colombia. Corte Suprema de Justicia (2008) sentencia del 15 de julio I.D. 227118, Sala de Casación Civil, Familia y Agrario M.P. William Namen Vargas. Colombia. Corte Suprema de Justicia (2012) sentencia del 07 de Diciembre I.D. 240098, Sala de Casación Civil, Familia y Agrario M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Colombia. Corte Suprema de Justicia (2013) sentencia del 5 de noviembre I.D. 246149, Sala de Casación Civil, Familia y Agrario M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Colombia. Corte Suprema de Justicia (2014) sentencia del 15 de septiembre, I.D. 290467, Sala de Casación Civil, Familia y Agrario M.P. Margarita Cabello Blanco Colombia. Corte Suprema de Justicia (2009) sentencia del 27 de marzo, I.D. 31103, Sala de Casación Penal M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. Colombia. Corte Suprema de Justicia (2009) sentencia del 5 de Mayo, I.D. 200305, Sala de Casación Laboral M.P. Camilo Humberto Tarquino Gallego. Colombia. Corte Suprema de Justicia (2011) sentencia del 25 de mayo, I.D. 33660, Sala de Casación Penal M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Colombia. Corte Suprema de Justicia (2014) sentencia del 5 de noviembre, I.D. 359915, Sala de Casación Laboral M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Colombia. Corte Suprema de Justicia (2014) sentencia del 10 de diciembre, I.D. 400750, Sala de Casación Laboral M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Colombia. Presidente de la república. Decreto Ley 2158 de 1948. Código procesal del trabajo. De 24 de junio de 1948. Colombia. 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Yáñez Meza, Diego ArmandoCastellanos, Jeferson ArleyCúcuta2016-08-17T20:22:48Z2016-08-17T20:22:48Z2016https://hdl.handle.net/10901/9312instname:Universidad Librereponame:Repositorio Institucional Universidad LibreActualmente uno de los mandatos estructurales para la tutela efectiva de los derechos es el derecho fundamental a la prueba, no solo por el novedoso fenómeno de constitucionalización del proceso sino por la vivencia de los casos concretos, los cuales le han impulsado serias reformas. Con anterioridad al Código General del Proceso, la realidad exponía un ciudadano que acudía a la administración de justicia y veía definida la vigencia y eficacia de su pretensión o excepción a través de tres hipótesis de la actividad probatoria: i) en la habilidad o dirigida intensión de su contraparte en aportar o no la prueba del hecho, que es otra manera de entender la noción clásica de carga de la prueba; ii) en la búsqueda de la verdad por parte del juez, a través de sus poderes oficiosos; y iii) en la sorpresa de una inversión de la carga de la prueba por el juez, de la cual la persona a quien se le asignaba la carga de probar, se enteraba en la sentencia de segunda instancia, o en sede de casación o en la eventual revisión.PDFapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecPrueba (Derecho)Proceso judicialDerechoDERECHO PROBATORIOPRUEBA (DERECHO)DERECHO - - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICASDerecho a la pruebaProceso JudicialInsumos que garantizan el derecho a la prueba en el proceso judicialTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAcero Gallego, L. 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