Aplicabilidad de la responsabilidad penal del superior por omisión en Colombia, artículo 28 del estatuto de Roma

Colombia en el año 2002, aprobó por medio de la ley 742 el Estatuto de Roma, con el fin de juzgar a individuos que cometan crímenes graves en contra de la humanidad, en el mismo sentido, se implementó la Ley 975 de 2005, No obstante, después de su creación, se dio a conocer la injerencia de Agentes...

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Autores:
Sánchez Rodriguez, Wilson Freddy
Valencia Ortiz, Luis Gabriel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
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OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Estatuto de Roma
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description Colombia en el año 2002, aprobó por medio de la ley 742 el Estatuto de Roma, con el fin de juzgar a individuos que cometan crímenes graves en contra de la humanidad, en el mismo sentido, se implementó la Ley 975 de 2005, No obstante, después de su creación, se dio a conocer la injerencia de Agentes del Estado en delitos relacionados en contra de las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional. siendo así que, por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rastreo casos de ejecuciones extrajudiciales desde el año 1978, por lo tanto, se empieza a juzgar con la figura jurídica que está dentro del Estatuto de Roma en el artículo 28, el cual establece, lo relacionado con la responsabilidad penal del superior por omisión. En el presente artículo, buscaremos analizar si es viable introducir esta figura al ordenamiento jurídico colombiano, o por el contrario atenta contra las garantías y principios constitucionales de los sujetos procesales a los que vaya dirigida. conforme al principio de legalidad, el cual, establece que, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes existentes dentro del ordenamiento jurídico y al delito que se le imputa.
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En el presente artículo, buscaremos analizar si es viable introducir esta figura al ordenamiento jurídico colombiano, o por el contrario atenta contra las garantías y principios constitucionales de los sujetos procesales a los que vaya dirigida. conforme al principio de legalidad, el cual, establece que, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes existentes dentro del ordenamiento jurídico y al delito que se le imputa.Colombia in 2002, through Law 742, approved the Rome Statute, in order to try individuals who commit serious crimes against humanity, in the same sense, Law 975 of 2005 was implemented. After its creation, the interference of State Agents in related crimes against persons and property protected by International Law became known. Thus, for the first time, the Inter-American Commission on Human Rights has tracked cases of extrajudicial executions since 1978, therefore, it begins to judge with the legal figure that is within the Rome Statute in Article 28, which establishes, what is related to the criminal responsibility of the superior by omission. In this article, we will seek to analyze whether it is feasible to introduce this figure to the Colombian legal system, since it would violate the guarantees and constitutional principles of the procedural subjects to whom it is directed. in accordance with the principle of legality, which establishes that, no one may be tried except in accordance with the existing laws within the legal system and the crime charged.PDFspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Estatuto de RomaLegalidadOmisión del superiorautorParticipeRome StatuteLegalityOmission of the superiorauthorParticipateResponsabilidad penalDerecho penalAdministración de justicia-legislación-ColombiaAplicabilidad de la responsabilidad penal del superior por omisión en Colombia, artículo 28 del estatuto de RomaApplicability of the superior's criminal liability for omission in Colombia, article 28 of the Rome Statute.Tesis de Especializacióninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAmbos, K., & Malarino, E. (2003). Persecución Penal Nacional de Crimenes Internacionales en América Latina y España (1 ed.). Berlín, Alemania: Editorial Konrad-Adenauer- Stiftung A.C. Obtenido de https://www.legal-tools.org/doc/8fed43/pdf/Araque, D., & Vásquez, E. (2018). Reflexiones sobre la delimitación entre autory partícipe: pasado, presente y futuro. Revista Nuevo Foro Penal(91), 1-24. Obtenido de https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J95ZikR9B9oJ:https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/download/5386/4303/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=coArroyo Zapatero, L. (1983). Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal. Revista Española de Derecho Constitucional, 3(8), 9-23. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/249711.pdfÁvila, A. (2019 de mayo de 2019). Falsos positivos en Colombia: La revelación de “The New York Times” permite concluir que las condiciones están dadas para que regresen las ejecuciones extrajudiciales. El Pais. 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