Aplicabilidad de la responsabilidad penal del superior por omisión en Colombia, artículo 28 del estatuto de Roma

Colombia en el año 2002, aprobó por medio de la ley 742 el Estatuto de Roma, con el fin de juzgar a individuos que cometan crímenes graves en contra de la humanidad, en el mismo sentido, se implementó la Ley 975 de 2005, No obstante, después de su creación, se dio a conocer la injerencia de Agentes...

Full description

Autores:
Sánchez Rodriguez, Wilson Freddy
Valencia Ortiz, Luis Gabriel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/20248
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/20248
Palabra clave:
Estatuto de Roma
Legalidad
Omisión del superior
autor
Participe
Rome Statute
Legality
Omission of the superior
author
Participate
Responsabilidad penal
Derecho penal
Administración de justicia-legislación-Colombia
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:Colombia en el año 2002, aprobó por medio de la ley 742 el Estatuto de Roma, con el fin de juzgar a individuos que cometan crímenes graves en contra de la humanidad, en el mismo sentido, se implementó la Ley 975 de 2005, No obstante, después de su creación, se dio a conocer la injerencia de Agentes del Estado en delitos relacionados en contra de las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional. siendo así que, por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rastreo casos de ejecuciones extrajudiciales desde el año 1978, por lo tanto, se empieza a juzgar con la figura jurídica que está dentro del Estatuto de Roma en el artículo 28, el cual establece, lo relacionado con la responsabilidad penal del superior por omisión. En el presente artículo, buscaremos analizar si es viable introducir esta figura al ordenamiento jurídico colombiano, o por el contrario atenta contra las garantías y principios constitucionales de los sujetos procesales a los que vaya dirigida. conforme al principio de legalidad, el cual, establece que, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes existentes dentro del ordenamiento jurídico y al delito que se le imputa.