Aplicación de la multa y la cláusula penal en el contrato estatal según criterios del consejo de estado

Las sanciones pecuniarias de la multa y la cláusula penal, son figuras necesarias para cumplir los fines de las entidades públicas, especialmente la vigilancia y control de los contratos estatales, las mismas tienen una naturaleza similar, por lo que suelen ser conceptos que tienden a confundirse, e...

Full description

Autores:
Rengifo Florez, Melissa
Arbeláez Alvarez, María Camila
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/22671
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/22671
Palabra clave:
Contrato estatal
sanciones pecuniarias
multa
cláusula penal
potestad sancionatoria
Government contract
pecuniary sanctions
penalty
penalty clause
sanctioning authority
Derecho penal
Clausula penal --- Jurisprudencia
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:Las sanciones pecuniarias de la multa y la cláusula penal, son figuras necesarias para cumplir los fines de las entidades públicas, especialmente la vigilancia y control de los contratos estatales, las mismas tienen una naturaleza similar, por lo que suelen ser conceptos que tienden a confundirse, especialmente porque hacen parte de la facultad sancionatoria de la administración frente a los incumplimientos de las obligaciones pactadas previamente en los respectivos contratos, es por esto, que frente a la escasa regulación en materia normativa de la multa y la cláusula penal pecuniaria, se recurre a la jurisprudencia del Consejo de Estado, para desde allí entender el concepto, el alcance y la manera en que deben ser aplicadas estas figuras en los contratos estatales en Colombia. El presente trabajo, pretende de manera preliminar, mostrar cuales son las principales similitudes y diferencias de ambas figuras, los cambios normativos que las mismas han tenido desde el Decreto 222 de 1983 hasta la actualidad, especialmente desde un desarrollo jurisprudencial.