Acción Popular en defensa de la moralidad adminisrativa vulnerada por la contratación publica

La acción popular es el medio idóneo para la protección de los derechos colectivos en Colombia. Desde su establecimiento en la Constitución Política, su rango constitucional permite que los ciudadanos cuenten con una herramienta eficiente e idónea para disminuir la amenaza y el daño de estos derecho...

Full description

Autores:
Ruiz López, Johan Sebastián
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/24228
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/24228
Palabra clave:
derechos fundamentales.
Acción popular
moralidad administrativa
Popular action
administrative morality
Derechos fundamentales
Derechos humanos
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:La acción popular es el medio idóneo para la protección de los derechos colectivos en Colombia. Desde su establecimiento en la Constitución Política, su rango constitucional permite que los ciudadanos cuenten con una herramienta eficiente e idónea para disminuir la amenaza y el daño de estos derechos. Dentro de los derechos colectivos encontramos la moralidad administrativa como el derecho que tienen los ciudadanos a que el patrimonio Público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, diligencia y cuidado de un buen funcionario. Identificada en los principios rectores de la contratación pública, donde es muy necesaria en Colombia, frente a los innumerables casos de corrupción, desfalco, derroche de los recursos del Estado. En el presente artículo, estableceremos los parámetros que ha fijado la jurisprudencia en los casos que aplica la acción popular en la contratación estatal, de los cuales se evidencia que hay restricción en el uso de la acción para los casos que se consideren que existe vulneración o amenaza en la moralidad administrativa con la condición de que el accionante tiene la carga de la prueba para demostrar que es la acción popular el medio idóneo para la solicitud de la nulidad de un contrato estatal y no otra herramienta jurídica.