Responsabilidad del estado por omisión legislativa en el delito de trata de personas

En el presente trabajo investigativo se realizó un análisis jurídico, con el fin de determinar cómo se ha desarrollado la Responsabilidad Patrimonial Extracontractual del Estado Legislador, respecto del análisis descriptivo del fenómeno de Trata de Personas en un momento ex ante y dentro del marco d...

Full description

Autores:
Arana Montoya, Edgar Augusto
Tipo de recurso:
Doctoral thesis
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/20584
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/20584
Palabra clave:
Trata de personas
responsabilidad
Omisión Legislativa
Traffiking
Reparation
Legislative omission
Trata de personas
Delitos sexuales
Turismo sexual
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:En el presente trabajo investigativo se realizó un análisis jurídico, con el fin de determinar cómo se ha desarrollado la Responsabilidad Patrimonial Extracontractual del Estado Legislador, respecto del análisis descriptivo del fenómeno de Trata de Personas en un momento ex ante y dentro del marco de la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas, respecto de los nuevos contextos que pueden modernizar el delito de trata de personas e incluso que no necesariamente pueden estar tipificados en el ordenamiento jurídico colombiano, precisamente creando zonas grises en la interpretación y aplicación del tipo penal en los nuevos contextos de comisión. El problema de investigación es abordado desde el Derecho Administrativo y Constitucional, donde surge a raíz de la implementación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas en Colombia, especialmente en mujeres y niños, que complementa a su vez a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instrumentos de derecho internacional adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000 y la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas 2007-2012; la cual desarrolla la política del Estado colombiano para la lucha contra la trata de personas interna y externa, con el fin de reducir el fenómeno, desde los enfoques de derecho, género y protección integral, siguiendo los ejes de prevención, protección y asistencia a víctimas y testigos, de cooperación internacional, de investigación y judicialización.