La potestad disciplinaria de la procuraduría frente a los servidores públicos de elección popular desde la constitución de 1991

La facultad constitucional otorgada al Procurador General de la Nación, para ejercer la acción disciplinaria sobre la conducta oficial de los servidores públicos elegidos mediante voto popular, ha llegado a considerarse desbordada y parcializada por los actos administrativos sancionatorios que emite...

Full description

Autores:
Portillo Pico, Camilo Andrés
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/10113
Palabra clave:
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description La facultad constitucional otorgada al Procurador General de la Nación, para ejercer la acción disciplinaria sobre la conducta oficial de los servidores públicos elegidos mediante voto popular, ha llegado a considerarse desbordada y parcializada por los actos administrativos sancionatorios que emite sobre estos servidores, imponiendo sanciones como la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Estas decisiones aparentan tener, más que un fundamento jurídico que proteja el interés común de la sociedad colombiana, un fundamento de carácter político, convirtiéndose la Procuraduría General de la Nación en un organismo politizado, capaz de definir el futuro de los servidores dentro de la función pública y la carrera política. La Constitución Política de Colombia le brinda un poder preferente a la Procuraduría General de la Nación para ejercer la acción disciplinaria en el marco del Código Disciplinario Único, en esta norma se determinan las reglas que se deben seguir para adelantar un proceso disciplinario en contra de un servidor público, sin embargo, la potestad disciplinaria que tiene el Procurador General de la Nación ha entrado en conflicto con los tratados internacionales suscritos por Colombia que reconocen derechos humanos, en estos tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos se genera una tensión entre la potestad para ejercer el ius puniendi disciplinario por parte del Estado, y el reconocimiento y garantías de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos mediante voto popular.
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La Constitución Política de Colombia le brinda un poder preferente a la Procuraduría General de la Nación para ejercer la acción disciplinaria en el marco del Código Disciplinario Único, en esta norma se determinan las reglas que se deben seguir para adelantar un proceso disciplinario en contra de un servidor público, sin embargo, la potestad disciplinaria que tiene el Procurador General de la Nación ha entrado en conflicto con los tratados internacionales suscritos por Colombia que reconocen derechos humanos, en estos tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos se genera una tensión entre la potestad para ejercer el ius puniendi disciplinario por parte del Estado, y el reconocimiento y garantías de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos mediante voto popular.The constitutional power granted to the Attorney General of the Nation to exercise disciplinary action on the official conduct of public servants elected by popular vote has come to be considered overflowing and biased by the administrative sanctions it issues on these servers, imposing sanctions as The dismissal of the position and the inability to hold public office. These decisions seem to have, rather than a legal basis that protects the common interest of Colombian society, a foundation of a political nature, becoming the Office of the Attorney General of the Nation in a politicized body, able to define the future of the servers within the function Public and political career. The Political Constitution of Colombia gives preferential power to the Office of the Attorney General to exercise disciplinary action within the framework of the Single Disciplinary Code, this rule determines the rules that must be followed to advance a disciplinary process against a Public servant, however, the disciplinary power that has the Attorney General of the Nation has come into conflict with the international treaties signed by Colombia that recognize human rights, in these treaties such as the American Convention on Human Rights creates a tension between the power To exercise the disciplinary ius puniendi by the State, and the recognition and guarantees of the political rights of public servants elected by popular vote.PDFapplication/pdfspaspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2La potestad disciplinaria de la procuraduría frente a los servidores públicos de elección popular desde la constitución de 1991Public FunctionPublic ServerPopular ElectionDisciplinary PowerConstitutional BlockPROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓNDERECHOS POLÍTICOSSISTEMA INTERAMERICANOCONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIAESTADO SOCIAL DE DERECHOFunción PúblicaServidor PúblicoElección PopularPotestad DisciplinariaBloque de ConstitucionalidadTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAA.VV, Boletín del área de investigación, Faculta de Derecho, Universidad Libre, Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, Bogotá D.C, 2006.AA.VV, Guía para la elaboración de proyectos de investigación, Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, Universidad Libre, tercera edición, Bogotá D.C, 2011.ALEXY Robert. Derechos sociales y ponderación. Editorial Fontamara Madrid México 2007.ALEXY Robert. Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C. 2003.DÍAZ ARENAS Pedro Agustín, La Constitución Política Colombiana. Editorial Temis S.A. Bogotá D.C.1993.FORERO SALCEDO, José Rory. Principios y Garantías constitucionales, Primera edición, Editorial ediciones nueva jurídica, Bogota D.C., 2003, pág. 5FORERO SALCEDO José Rory. Manual de Derecho Disciplinario de los servidores: de los servidores públicos y particulares disciplinables. Primera Edición. Editorial Grupo Ecomedios. Bogotá D.C., 2003, pág. 62.HENAO HIDRÓN, Javier, Panorama del derecho constitucional colombiano, Editorial Temis S.A., Bogota D.C, 2013.HERRERA LLANOS Wilson. Derecho Constitucional Colombiano. Editorial. Grupo Ibáñez. Bogotá D.C, 2011.OLANO GARCIA, Hernán Alejandro, Derecho Constitucional Orgánico -Estructura Y Funciones Del Estado-. Editorial Doctrina y ley L.T.D.A., Bogota D.C, 2004.PINEDA DE MARTINEZ, Rosa. Régimen de inhabilidades de los servidores públicos, Primera edición, Editorial Librería Ediciones del Profesional Ltda., Bogotá D.C., 2004, pág. 4, 83.PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Instituto de Estudios del Ministerio Público. Fernando Brito Ruíz, La Función Pública y el Derecho Disciplinario: aspectos constitucionales. Colección Derecho Disciplinario N°1. Bogotá D.C. Agosto de 2002.PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Instituto de Estudios del Ministerio Público. Nancy Yanira Muñoz Martínez, La Doble naturaleza del poder disciplinario. Colección Derecho Disciplinario N°1. Bogotá D.C. Agosto de 2002.PROYECTO DE ACTO REFORMATORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, Gobierno Nacional, pág. 287, talleres de Imprenta Nacional, 1991.VALENCIA VILLA Hernando, Cartas de Batalla: una crítica al constitucionalismo colombiano, Editorial Agenda de Hoy, Bogotá D.C, 2012.Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 6 de agosto de 2008 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas).Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011Sentencia C-152 de 1993. Magistrado Ponente Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZSentencia T-084/94. Magistrado Ponente Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZSentencia C-095 de 1998. Magistrado Ponente. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARASentencia C-996 de 2001. Magistrado Ponente Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.Sentencia C-028 de 2006. Magistrado Ponente Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTOSentencia SU-172 de 2013. Magistrado Ponente Dr. JORGE IVÁN PALACIO.Sentencia Consejo de Estado. Radicación Número 756/95. Magistrado Ponente Dr. ROBERTO SUÁREZ FRANCO.Sentencia Consejo de Estado. Radicación Número: 57/2007, sala de consulta y servicio civil, Magistrado Ponente LUIS FERNANDO ALVAREZ JARAMILLO.Sentencia de Consejo de Estado fallo,-sección segunda, Magistrado Ponente GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN.Constitución Política de Colombia 1991Ley 134 de 1994Ley 734 de 2002Ley 1474 de 2011Ley 16 de 1972LICENSElicense.txttext/plain1748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10113/1/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD51ORIGINALLA POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA PROCURADURIA FRENTE A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ELECCION POPULAR.pdfapplication/pdf740445http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10113/2/LA%20POTESTAD%20DISCIPLINARIA%20DE%20LA%20PROCURADURIA%20FRENTE%20A%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20ELECCION%20POPULAR.pdf58040c231f0c82abd6703aa336fc92a4MD52THUMBNAILLA POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA PROCURADURIA FRENTE A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ELECCION POPULAR.pdf.jpgLA POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA PROCURADURIA FRENTE A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ELECCION POPULAR.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8672http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10113/3/LA%20POTESTAD%20DISCIPLINARIA%20DE%20LA%20PROCURADURIA%20FRENTE%20A%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20ELECCION%20POPULAR.pdf.jpgf0e59a41564c7d5cc20653257f8af265MD5310901/10113oai:repository.unilibre.edu.co:10901/101132022-10-11 12:13:43.403Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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