La potestad disciplinaria de la procuraduría frente a los servidores públicos de elección popular desde la constitución de 1991

La facultad constitucional otorgada al Procurador General de la Nación, para ejercer la acción disciplinaria sobre la conducta oficial de los servidores públicos elegidos mediante voto popular, ha llegado a considerarse desbordada y parcializada por los actos administrativos sancionatorios que emite...

Full description

Autores:
Portillo Pico, Camilo Andrés
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/10113
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/10113
Palabra clave:
Public Function
Public Server
Popular Election
Disciplinary Power
Constitutional Block
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DERECHOS POLÍTICOS
SISTEMA INTERAMERICANO
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Función Pública
Servidor Público
Elección Popular
Potestad Disciplinaria
Bloque de Constitucionalidad
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:La facultad constitucional otorgada al Procurador General de la Nación, para ejercer la acción disciplinaria sobre la conducta oficial de los servidores públicos elegidos mediante voto popular, ha llegado a considerarse desbordada y parcializada por los actos administrativos sancionatorios que emite sobre estos servidores, imponiendo sanciones como la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Estas decisiones aparentan tener, más que un fundamento jurídico que proteja el interés común de la sociedad colombiana, un fundamento de carácter político, convirtiéndose la Procuraduría General de la Nación en un organismo politizado, capaz de definir el futuro de los servidores dentro de la función pública y la carrera política. La Constitución Política de Colombia le brinda un poder preferente a la Procuraduría General de la Nación para ejercer la acción disciplinaria en el marco del Código Disciplinario Único, en esta norma se determinan las reglas que se deben seguir para adelantar un proceso disciplinario en contra de un servidor público, sin embargo, la potestad disciplinaria que tiene el Procurador General de la Nación ha entrado en conflicto con los tratados internacionales suscritos por Colombia que reconocen derechos humanos, en estos tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos se genera una tensión entre la potestad para ejercer el ius puniendi disciplinario por parte del Estado, y el reconocimiento y garantías de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos mediante voto popular.