El principio de igual consideración en torno a la protección de la fauna silvestre como recurso natural renovable y su explotación económica en Colombia.

En el presente trabajo de investigación se explicará la situación jurídica de la fauna en Colombia, considerando las lógicas que se encuentran incorporadas en el ordenamiento jurídico y como determinan las relaciones que los ciudadanos poseen con la biodiversidad, en contraste con la coyuntura que l...

Full description

Autores:: Briceño Arango, Laura Marcela
Buitrago Villa, Sergio Andrés

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2019

Institución:: Universidad Libre

Repositorio:: RIU - Repositorio Institucional UniLibre

Idioma:

Description
Summary:	En el presente trabajo de investigación se explicará la situación jurídica de la fauna en Colombia, considerando las lógicas que se encuentran incorporadas en el ordenamiento jurídico y como determinan las relaciones que los ciudadanos poseen con la biodiversidad, en contraste con la coyuntura que la vida silvestre se encuentra atravesando actualmente. Para abordar apropiadamente la temática propuesta, es necesario tener en cuenta los siguientes factores: Si se hace un análisis a partir de las normas de la Constitución Política de Colombia (1991) cabe la posibilidad de que exista una tensión entre el artículo 79. Inciso 2: “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines” y el artículo 333“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.” Otro de los factores que debe ser tenido en cuenta es el tráfico ilegal ya que es “una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en nuestro país y constituye uno de los factores que mayor presión ejerce sobre la fauna y la flora, sin contar la destrucción y fragmentación de hábitats, contaminación y cacería, por lo cual muchas especies se encuentran en condición de amenaza o riesgo”. (Castaño, 2017, Párr. 1) Pero también, el tráfico autorizado por el Estado regulado en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente de 1974 en el cual se establece que la fauna silvestre es susceptible de apropiación a través de estructuras como los zoocriaderos o los cotos de caza particular. “En todo caso, la zoocría deber contribuir a la conservación de especies silvestres al mantener un stock de reproductores en cautiverio que potencialmente, a través de sus crías, garantice un tamaño viable de la población en condiciones de libertad. Cabe anotar que en este sentido la legislación colombiana establece que los zoocriaderos comerciales deben devolver cada año el 10 % de lo capturado durante 10 años para completar así el 100 % de lo extraído al medio. El problema radica en que, según un estudio del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, no hay certeza de que se esté garantizando la conservación de las poblaciones naturales por parte de la actividad de la zoocría en Colombia.” (Rico, 2016, Párr. 11) Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que el concepto de recurso natural renovable ignora otros aspectos relevantes para la debida protección de la fauna silvestre, como por 8 ejemplo la extinción masiva de especies en la actualidad, razón por la cual la pregunta de investigación a resolver es la siguiente ¿por qué la consideración de la fauna silvestre como recurso natural renovable en el decreto ley 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios pone en tensión el principio constitucional de protección de la biodiversidad? Por otro lado, la legalidad es el enfoque adecuado para comprender si en efecto existe una tensión entre los principios constitucionales ya mencionados, y ya que el término recurso natural renovable como concepto será una de los ejes de esta investigación los autores harán uso del estructuralismo y su corriente lingüística. Por lo tanto, se tratará de responder a la solución de problemas surgidos de la reflexión teórica, que para el caso en concreto es la tensión constitucional que puede existir en torno a la protección de la fauna silvestre al ser considerado un bien susceptible de apropiación, por las normas en el ordenamiento jurídico colombiano. Cabe resaltar, que si bien es cierto que desde una óptica netamente jurídica tal disyuntiva podría resolverse a través de una Acción Pública de Inconstitucionalidad, esta investigación pretende en un ejercicio académico e interdisciplinar llevar la discusión al plano teórico tal y como se enunció anteriormente. Así mismo, es socio jurídica ya que la evaluación se hace a partir de la influencia que ejerce el derecho ambiental en los factores materiales que constituyen una afectación a la conservación de la fauna silvestre en Colombia. Por tal razón, también es explicativa en la medida de que tiene como finalidad comprender la situación fáctica en la se encuentra la fauna silvestre y las razones que la determinaron. La relevancia de este trabajo reside en la necesidad que existe de llevar a cabo un análisis concreto sobre el rol que desempeña el derecho y las demás disciplinas que apoyan el ejercicio del derecho ambiental, ya que según (Martínez, 2017) : “Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y aparece en primer lugar en la clasificaciones de algunas especies. Pese a esto, fenómenos como el tráfico de animales exóticos, el alto riesgo de extinción de algunas especies y los daños sistemáticos que sufren los ecosistemas, ponen en peligro esa riqueza ambiental. Según cifras entregadas por el Ministerio de Ambiente a EL MUNDO, una Resolución señaló que al 2014 había 407 clases de animales en alguna categoría de amenaza. De esta cifra, 60 especies se encuentran en Peligro Crítico, 129 En Peligro y 218 en categoría Vulnerable.” Párr. 1 Para así, dar cuenta de que existe También una necesidad de que la legislación en materia ambiental se actualice y se enfoque en los nuevos paradigmas que trajo consigo la Constitución 9 Política de Colombia de 1991, como el principio de protección a la biodiversidad, entendida como la variedad de especies tanto animales como vegetales que se encuentran al interior del mundo viviente en un espacio determinado (Rangel, 2005) En el mismo sentido, es indispensable que los funcionarios públicos en representación del Estado orienten sus actuaciones para garantizar la protección de la fauna silvestre; para ello se planteará el principio de igual consideración y el concepto de desarrollo sustentable como alternativa a los de recurso natural renovable y desarrollo sostenible. El principio de igual consideración propuesto por Gary Francione, es el mecanismo a través del cual se debe dar una igual atención y respeto a los intereses del medio ambiente, en concreto de la fauna silvestre, que a los de los seres humanos. Dicho esto, el trabajo de investigación tiene como finalidad analizar el principio de igual consideración como alternativa a la concepción mercantilista que define la fauna silvestre y dar un criterio de interpretación para los casos en los que se encuentre tensión entre el principio de libertad comercial y el de protección a la integridad ambiental. Para ello, en primer lugar, se identificará dicha tensión en contexto con la protección de la fauna silvestre, para luego realizar una evaluación jurídica completa de la situación para finalmente, proponer una posible solución a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la fauna silvestre en Colombia. Ahora bien, los temas a abordar se organizarán de la siguiente manera; en el primer capítulo titulado “Contrastes conceptuales y doctrinales entre la biodiversidad y los fundamentos económicos del Estado en la protección de la fauna silvestre. Una contextualización en el ámbito colombiano” se evidenciará el problema que existe alrededor de la protección a la biodiversidad y la fauna silvestre debido a que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente permite, en casos específicos, la apropiación y explotación económica de la fauna silvestre, y en contraposición la Constitución Política en el inciso 2 del artículo 79 establece el principio de la biodiversidad natural y la obligación del Estado de protegerla. Por otra parte, se realizará un estudio de evolución histórica del uso de la fauna silvestre, en cuanto a su explotación, aprovechamiento y protección desde la época precolombina hasta la actualidad en Colombia. Debido a la gran riqueza faunística del país han existido varias culturas con diferentes formas de aprovechar, entender y manejar la fauna silvestre. Comenzando desde las culturas precolombinas y las relaciones religiosas que los animales tenían con los habitantes del territorio colombiano, pasando por los siglos XVI y XIX cuando 10 comenzó el uso de la fauna para comercialización, que llevó a especies como el manatí a encontrarse en peligro de extinción, y la exportación de sus productos a Estados Unidos y Europa cuya demanda de materias primas y productos llevó a que la explotación de la fauna aumentara de manera desproporcionada, lo que generó que se empezaran a agotar los recursos naturales por la explotación destructiva que se estaba llevando a cabo (Baptiste Ballera, Hernández Pérez, Polanco Ochoa y Quiceno Mesa, 2019) Teniendo en cuenta que desde el año 1954 se empiezan a proferir normas que prohibían la explotación de algunas especies de animales, ya que hubo un deterioro muy grande en la población de fauna silvestre. (Bakker & Valderrama, 1999) pero que a pesar de esto animales como la anaconda, la boa, y algunos felinos continuaron siento fuertemente explotados. Hasta 1974 cuando se promulga el Decreto Ley 2811 de 1974, el cual pretendía que la legislación colombiana fuera más restrictiva frente a la explotación de la fauna silvestre y así mismo, con la ley 84 de 1989 se adoptó el estatuto nacional de protección de los animales, cuyo objetivo primordial era prevenir el sufrimiento animal y promover la salud y bienestar de estos. Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, la cual establece la obligación el Estado a garantizar y proteger la diversidad e integridad del ambiente, se le da un carácter especial al medio ambiente. A partir de esto empezaron a surgir nuevas normas con el fin de brindar especial protección a la fauna silvestre, las cuales serán abordadas con detalle más adelante. Por otra parte, se considera necesario exponer algunos conceptos importantes para entender el desarrollo del trabajo, en primer lugar la diversidad biológica se entiende como la variabilidad de seres vivos de cualquier tipo en un ecosistema, sea acuática que conserva una perspectiva antropocentrista en la medida de que no se reconoce su valor en razón de su existencia misma sino en el beneficio económico que representa para los colombianos, la ley 599 de 2000 en los artículos 328 y 336 que penalizan el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y la caza ilegal, por último, la ley 1776 de 2016 que reconoce por primera vez a la fauna silvestre como seres sintientes. Para concretar, el decreto 2811 de 1974 que corresponde al Código de Recursos Naturales Renovables y del Medio ambiente en el artículo 3, establece que la fauna silvestre en Colombia será considerada como un recurso natural renovable lo cual implica que se otorgarán licencia y permisos para ser explotado como tal, a través de los zoocriaderos y los cotos de caza particular, 11 como se mencionó con anterioridad, se profiere también el decreto reglamentario 1608 de 1974 que permite la utilización de los elementos derivados de la fauna silvestre con fines comerciales, establece el procedimiento y los requisitos para constituir tanto un zoocriadero como un coto de caza particular, es quizás en este aparte en donde se divisa con mayor claridad su mercantilización y la poca preocupación que el ejecutivo tuvo por la protección de la biodiversidad en Colombia. Luego, se consideran las sentencias de la Corte Constitucional que se encaminan a contestar si en efecto la fauna silvestre en Colombia es considerada como un bien susceptible de apropiación o no, en la elaboración del nicho citacional se encuentran siete principalmente que forman el precedente judicial en la materia, la sentencia T-411 de 1992 que tiene una perspectiva más anacrónica y que respalda el hecho de que los recursos naturales, entre estos la fauna silvestre, deben ser explotados económicamente, la sentencia C-126 de 1998 aborda una postura más garantista en cuanto a la protección del medio ambiente pero conservando en menos medida la perspectiva utilitarista. En la misma línea de análisis, se profiere la sentencia T-706 de 2011 la cual se considera por los autores como una sentencia hito extensiva puesto que establece que si bien está permitido apropiarse la fauna silvestre, ni cualquiera, ni en cualquier circunstancia es posible y que corresponde al Estado a través del ordenamiento jurídico determinar las condiciones en las que puede realizarse, resulta entonces una posición más equilibrada que las decisiones anteriores pero que aún desconoce que a partir de esta regulación es en donde se encuentra una mayor vulneración. Posteriormente, se profieren las sentencias C-666 de 2010, C-439 de 2011, T- 608 de 2011 y T- 146 de 2016 que se limitan a continuar con el precedente fijado en la sentencia anteriormente mencionada. En las que se establece que es posible apropiarse de la fauna silvestre siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley por lo que aún se conservan ciertos presupuestos económicos que determinan la relación que los colombianos poseen con el medio ambiente. En el último año, la Corte Constitucional a través de las sentencias C- 045 de 2019 y C- 070 de 2019 dio un giro a su precedente y eliminó los cotos de propiedad particular para caza deportiva, cabe resaltar que a la fecha la ratio decidendi no se ha dado a conocer, por lo que los investigadores utilizaron como fuente de información el comunicado No. 3 del 06 de febrero 2019 que emitió la misma corte. 12 Para concluir, ya que no estamos abordando derechos humanos en concreto, estas normas internacionales no hacen parte del bloque de constitucionalidad y por ello su evaluación se deja para el final, en este aparte se examinarán normas como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, protocolo relativo a las áreas y la flora y la fauna especialmente protegidas en la región del gran caribe, convenio sobre la diversidad biológica, declaración de río sobre el medio ambiente y el convenio internacional de Estocolmo. En el tercer capítulo que se denomina “El principio de igual consideración como mecanismo para asegurar la integridad de la fauna silvestre y su incorporación en el ordenamiento jurídico colombiano” Luego de contrastar los principios constitucionales relacionados y expuesto la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la fauna silvestre actualmente en Colombia, y de determinar que uno de sus orígenes se encuentra en cómo el ordenamiento jurídico la clasifica, se concretará el estudio interdisciplinar que se propuso en su inicio. Es de esta manera, que se expondrán los resultados de las entrevistas aplicadas, a un universo de expertos en fauna silvestre en Colombia, cuya metodología comienza con la especificación de una unidad de análisis que consiste en la influencia que tiene la economía en la configuración normativa respecto del tratamiento de la fauna silvestre, y de la cual se establecen tres categorías: recurso natural renovable, desarrollo sostenible y régimen económico; para así, elaborar tres preguntas por categoría cuyas respuestas darán solución a la pregunta de investigación planteada. Para culminar, como propuesta se planteará la posibilidad de la elaboración de una ley estatutaria que derogue el Código de recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente y que se titule “Código de Gestión y Protección del Medio Ambiente que cambie el paradigma de la concepción mercantilista de normas anacrónicas que representan un riesgo para el equilibrio ecosistémico que acojan con mayor vinculatoriedad el principio constitucional de protección a la biodiversidad y que en su acápite de fauna silvestre se incorpore el principio de igual consideración como fundamento para abandonar su categorización como un recurso.

El principio de igual consideración en torno a la protección de la fauna silvestre como recurso natural renovable y su explotación económica en Colombia.

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